Asaja, satisfecha, espera que se hayan atendido las reclamaciones de los propietarios
La organización agraria Asaja de León ha recibido con satisfacción la publicación en el Bocyl en el día ayer del Anuncio de la Dirección General de Desarrollo Rural, por el que se somete a información pública la aprobación del acuerdo de reordenación parcelaria de la zona de Los Oteros. Este paso permitirá la entrega de las fincas de reemplazo en el plazo de un mes, coincidiendo con el inicio de la campaña 2023/2024, algo que Asaja ha venido demandando insistentemente.
Asaja espera que la Junta haya atendido la mayoría de las alegaciones que distintos propietarios formularon al proyecto de concentración parcelaria, y que a ser posible no haya ningún perjudicado, pues el objetivo de esta medida de reordenación de la propiedad debe de ser que todos obtengan mejoras, en particular los propietarios que a su vez son cultivadores profesionales. Mejoras que llegan sobre todo por juntar la propiedad en una única parcela incluso teniendo propiedades en varios municipios, y por la actuación en la red de caminos que dan acceso a las fincas que permitirá ahorrar tiempo y alargar la vida de la maquinaria.
Con motivo de la entrega de las fincas de reemplazo, Asaja pedirá a la Junta, por diferentes vías, «que blinde esta zona agrícola reconcentrada e impida la implantación de macroparques fotovoltaicos. Los promotores de estas energías ya están contactando con los propietarios para, ahora que las fincas son mayores, reconvertir el suelo agrícola en suelo industrial destinándolo a energías fotovoltaicas y lo hace precisamente aquí para aprovechar la proximidad al centro de evacuación de Red Eléctrica en Luengos de los Oteros. La inversión que ha hecho la Junta de Castilla y León en esta actuación, con el fin de mejorar la competitividad de las explotaciones, no puede servir para lo contrario, para que se pierdan cientos de hectáreas de suelo agrícola a favor de otros usos», señalan en una nota de prensa.
Por otra parte, Asaja reitera la necesidad de modificar la unidad mínima de cultivo, que es la superficie que determina si una finca se puede segregar en una compraventa, herencia o donación. Asaja viene demandando medidas para que las fincas agrícolas no puedan dividirse.