PP y Vox aceptan «colaborar» contra la exclusión financiera en el medio rural

Los Grupos Parlamentarios Popular y Vox, que sustentan el Gobierno de la Junta, aceptaron ayer «colaborar con todos los niveles» de la Administración, incluidas la local, provincial, autonómica, estatal y europea, para buscar soluciones con las que «conservar y fomentar los servicios financieros en el medio rural» y acabar así con la exclusión financiera en los pueblos.

Ambos grupos aceptaron así uno de los cinco puntos de la Proposición No de Ley llevada al pleno de las Cortes por el Grupo UPL-Soria Ya, y consiguieron además incluir otros dos puntos de una enmienda, solicitada por el PP y aceptada por el grupo proponente, que insta a la Junta a establecer un diálogo abierto en el seno del Consejo Financiero de Castilla y León para la búsqueda de «soluciones consensuadas y armonizadas» que garanticen el acceso de todos los ciudadanos de la Comunidad a servicios financieros, y piden al Gobierno «sistemas que promuevan medidas contra la desertificación financiera en el medio rural».

Estos dos puntos fueron defendidos por la procuradora salmantina del PP, Rosa Esteban, especialmente el segundo, bajo la premisa de que el acceso a los servicios financieros por parte de la población «es competencia del Ministerio de Asuntos Económicos», por lo que lamentó que «quien no ha hecho nada a este respecto es el Gobierno de Pedro Sánchez» ante un problema que «afecta al mundo urbano y al rural, especialmente a las personas mayores».

«Resultan imprescindibles iniciativas más eficientes para evitar riesgos de exclusión», consideró Esteban, que por ello se mostró de acuerdo con la colaboración entre «todas las administraciones públicas y todos los agentes implicados que tienen que prestar este servicio», como plantea la PNL de UPL, pero anunció el voto contrario de los procuradores del PP al resto de puntos, a excepción de la enmienda planteada, puesto que se trata de «competencias del Gobierno de España».

También anunció su voto favorable al quinto punto de la PNL la procuradora de Vox, Fátima Pinacho, que consideró «una realidad ineludible» la desertificación financiera, y concedió que la Junta debe afrontar este problema bajo la premisa de que “los servicios financieros son un servicio básico y esencial en el medio rural», especialmente ahora que se han cerrado un tercio de las sucursales bancarias en el conjunto de España, con Castilla y León como una de las comunidades más afectadas. «Es necesario articular mecanismos para un servicio bancario presencial en el mundo rural, garantizando su prestación a los colectivos más desfavorecidos como personas mayores y con discapacidad», concluyó, reivindicando «el papel social de la banca, pero no con las medidas que nos propone, que suponen intervencionismo y que no competen a este Gobierno autonómico».

Y es que la propuesta planteada por el procurador de UPL, José Ramón García, instaba inicialmente a la Junta a que elaborase directamente un plan para la conservación y el fomento de los servicios financieros en el medio rural de la Comunidad, establecer una línea de incentivos para mantener o reabrir oficinas bancarias y cajeros en el medio rural, penalizar a aquellas entidades bancarias que planteen cierres de sucursales en dicho medio e impulsar la creación de oficinas fijas o portátiles, así como cajeros automáticos en áreas donde la distancia con los servicios financieros pueda ser excesiva, puntos que después aceptó que se deben instar al Gobierno de España, aunque en todo caso, recibieron el voto negativo de PP y Vox y la abstención del PSOE, por lo que no salieron adelante.