La Junta lanza el plan para una coordinación autonómica de los parques de bomberos

Una coordinación autonómica y la planificación de las respuestas a las emergencias teniendo en cuenta los recursos disponibles. Estas son dos de las grandes premisas sobre las que se asienta el borrador del anteproyecto de Ley de Ordenación y Coordinación de los Servicios de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de las Entidades Locales de Castilla y León que este martes salió a información pública por parte de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

El objetivo de esta nueva normativa es la de ordenar los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de las entidades locales de Castilla y León, el establecimiento de los criterios básicos para la coordinación de su actuación y la identificación de las singularidades del régimen estatutario de su personal. 

A pesar de que esta ley refuerza las competencias de los municipios y diputaciones provinciales, en cuanto a la gestión de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento, y atribuye la obligación de las instituciones provinciales de facilitar este servicio en los municipios menores de 20.000 habitantes, otorga a las comunidades autónomas la obligación de complementar esas competencias municipales y promover y fomentar con los medios y recursos que sean necesarios para que esas competencias municipales sean una realidad.

El texto también incide en la  autonomía de la entidad local competente para organizar el servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento que presta con tres derivadas impuestas por la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, primero, el servicio debe prestarse de forma directa por el personal funcionario adscrito al mismo; segundo, quedan prohibidos los sistemas de gestión indirecta; y tercero, las entidades locales obligadas a prestar el servicio pueden convenir entre sí la prestación a través de fórmulas asociativas.

Sobre la coordinación de estos servicios, la nueva ley estipula que se debe pasar de un sistema que coordine cada emergencia a uno más predecible en el que se planifique la respuesta teniendo en cuenta los recursos de los que se dispone. Siguiendo el régimen de competencias estatutarias, estas atribuciones de coordinación se reparten entre la Junta de Castilla y León y la consejería competente en materia de protección civil. Para facilitar las tareas coordinadoras y aportar así valor a las entidades implicadas y de modo principal al sistema autonómico de protección civil, la ley prevé el uso de herramientas tecnológicas, por un lado, y la creación de un espacio de diálogo y la compartición de conocimientos, por otro. 

Base de datos conjunta

En cuanto a las herramientas informáticas, los servicios deberán hacer uso de los sistemas tecnológicos de que disponga el sistema autonómico de protección civil para interactuar. También se prevé la creación de una base de datos interoperable entre administraciones que permitirá tener en todo momento una imagen actualizada de la situación de estos servicios y su área de intervención. Esta base  será gestionada por la administración autonómica y no supondrá ninguna carga administrativa para las entidades locales, al contrario, aportará valor a la prestación del servicio de prevención y extinción de incendios que deben atender.

Por lo que respecta al espacio de encuentro entre las administraciones y los representantes de los profesionales de estos servicios, se crea la comisión de coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento de Castilla y León a la que se le encomienda, entre otras funciones, asistir a las entidades locales y a la administración autonómica en el ejercicio de las competencias que esta ley les atribuye.

El borrador del anteproyecto de Ley cuenta ahora con 20 días naturales, hasta el 9 de octubre, para la presentación de alegaciones, que se deberán dirigir a la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León y se presentarán de forma electrónica con el formulario habilitado en la Plataforma de Gobierno Abierto.

Los funcionarios de los parques serán agentes de la autoridad

En materia de ordenación del servicio, el anteproyecto de Ley otorga al personal funcionario que lo presta el carácter de agente de la autoridad en acto de servicio y en situaciones de riesgo inminente «aún no estando de servicio». También permite disponer de personal funcionario interino «de forma excepcional y por un tiempo limitado» y, en el acceso a la condición de bombero, mandata a las entidades locales «que elaboren planes de promoción de la mujer con la finalidad de garantizar la igualdad de oportunidades en los procesos selectivos».

En este sentido, encomienda a las entidades locales promover la incorporación de las mujeres a estos servicios, en consonancia con otros preceptos de la ley con los que se quiere acabar con los estereotipos de género en torno a la profesión de bombero tan generalizados en la sociedad.

Este  borrador ley, fue conocido y debatido por una mesa técnica constituida al efecto y conformada por representantes de la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León y de los sindicatos más representativos en el sector, Unión General de Trabajadores, Comisiones Obreras y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios. Finalizado este trabajo preparatorio, se ha posibilitado a la ciudadanía la participación en la elaboración de su contenido a través de la plataforma de Gobierno Abierto, habiéndose llevado a cabo todos los trámites establecidos tanto en la normativa básica estatal como en la autonómica relacionada con la participación de los ciudadanos. Así mismo, el anteproyecto de ley se ha puesto en conocimiento del Consejo de Cooperación Local y ha sido informado por el Consejo Económico y Social y por el Consejo Consultivo de Castilla y León.