Asaja pide al comisario de Medio Ambiente cambios «urgentes» en el régimen jurídico
El presidente de Asaja, Pedro Barato, se dirigió al comisario europeo de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, para pedirle cambios «urgentes» en el régimen jurídico del lobo, a la vista de los «graves problemas» a los que se enfrentan los ganaderos, y en general el mundo rural, «como consecuencia del alarmante aumento del número de manadas de lobos en el territorio europeo y especialmente en España», según un comunicado.
Las cifras recopiladas por la organización, mientras se dan a conocer los nuevos censos elaborados por las comunidades autónomas y el resultado de la recogida de datos abierta desde la Comisión Europea hasta el pasado 22 de septiembre sobre la situación del lobo y grandes carnívoros en la Unión, «presagian un aumento descontrolado de las manadas de lobos en el territorio UE en los últimos años».
La propia presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, reconoció que «la concentración de lobos en algunas regiones europeas se ha convertido en un peligro real para el ganado y, potencialmente, también para los seres humanos». Por ello, la Comisión Europea ha promovido recientemente la recopilación de datos para revisar el estado de conservación del lobo a nivel europeo, instando a las autoridades locales a hacer pleno uso de las excepciones existentes en la normativa comunitaria.
En el caso de España, desde que en 2021 el lobo dejara de ser especie cinegética al norte del Duero, territorios donde se localiza la especie, y pasara a formar parte del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE), las manadas de lobos han crecido «descontroladamente y, en consecuencia, también los ataques a las ganaderías».
Así, en 2022 solo en Castilla y León se registraron más de 3.000 ataques, con un resultado de 5.104 reses muertas, lo que supuso un incremento del 15 por ciento de los ataques y del 20 por ciento de los animales muertos, cuando los años previos estos indicadores de crecimiento estaban entre el dos y el tres por ciento y cinco y siete, respectivamente.
«La situación exige un enfoque más equilibrado que proteja tanto a la fauna silvestre como a nuestras comunidades rurales», expuso Barato.
Para abordar eficazmente esta problemática y garantizar una coexistencia adecuada, Aasaja sostuvo que es «esencial» revisar la legislación actual europea y sobre todo nacional, «modificando» el estatuto de protección del lobo en la UE y trasponiéndolo al marco jurídico nacional a fin de introducir una mayor flexibilidad a la luz de la evolución de esta especie en nuestro país.