Estos son los delitos contra el medio ambiente más graves de 2023 en León

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil investigó el pasado año en León a 40 personas por delitos relacionados con el medio ambiente, 17 más que en 2022, cuando el número de investigados ascendió a 23.

De todos los investigados en 2023 seis están relacionados con delitos por maltrato animal, una de las materias de las muchas que abarca el Seprona, que según explica el teniente de la comandancia de León, Jesús Manuel Montiel, «al tener consideración de Policía Judicial específica en materia de medio ambiente se encarga también de investigar los delitos más complejos que se dan contra los recursos naturales y el medio ambiente, contra la ordenación del territorio y el urbanismo o la protección del patrimonio histórico, entre otros».

Todos los delitos investigados que finalmente son esclarecidos terminan en los juzgados, y la mayor parte de ellos, en condena.

Lo que está claro es que no todos los delitos sobre la fauna son iguales. «Dentro del furtivismo no es lo mismo cazar una especie protegida que una especie cinegética normal. Cazar una protegida puede acarrear penas de seis meses a dos años de prisión, y una cinegética, como un venado o un rebeco, depende de si es época de veda o no, o de si se tiene permiso. En estos casos la multa puede ir de 6 a 9 meses», concreta.

Muchas veces el cazador no es consciente de que está cazando una especie protegida, por ejemplo cuando emplea una trampa no selectiva, como puede ser un lazo acerado para cazar jabalíes. «A veces el cazador no es consciente de que si pone un lazo en una zona donde habita el oso pardo, puede caer en la trampa tanto un jabalí como un oso», explica. Otra cosa son los casos de furtivismo mayor, en el que una persona caza en un terreno sometido a régimen cinegético especial —coto de caza—, sin el debido permiso de su titular.

Respecto a la caza, el teniente afirma que la mayoría de los cazadores ejercen la caza de forma responsable, por lo que es difícil observar infracciones. «Las más graves que hemos detectado son la de cazar de noche y sin autorización, el furtivo de manual, así como utilizar trampas no selectivas para cazar», apunta. La patrulla del Seprona de Ponferrada localizó un jabalí vivo en un lazo en un monte próximo a Toral de los Vados y lograron liberar al animal. Tras examinar la zona observaron once lazos de acero colocados estratégicamente en pasos utilizados por jabalí, por lo que se inició una investigación que dio con la localización de un hombre de 77 años al que se le investigó por un supuesto caso contra la protección de la flora y la fauna.

Otra infracción grave que se observa es la de cazar un rebeco o un venado y no ponerle el precinto correspondiente para su traslado. «Lo ponen en la cornamenta, sin apretar y cuando lo meten en el todoterreno si aparece la Guardia Civil lo aprietan, ya que si consigue sacarlo sin el precinto podrán volver otro día a cazar con el mismo permiso», asegura.

«Antes las infracciones de caza eran insignificantes, de dos mil pesetas, pero ahora las infracciones son muy fuertes, la gente no se arriesga», asegura a su vez el sargento Francisco Pérez.

Desde que hace un año entrara en vigor la nueva Ley de Bienestar Animal se han endurecido las penas en todos los delitos relacionados con el maltrato animal.

Jesús Manuel Montiel aclara que conviene distinguir los dos tipos de maltrato animal, ya tipificado en el Código Penal, que castiga las conductas más graves, como son aquellas que causan lesiones a un animal, o le produce la muerte. También se incluye el delito de abandono de animales, cuando se hace en condiciones en las que pueda peligrar la vida del animal. Para acreditar la comisión de este tipo de delitos el Seprona siempre recurre a un informe pericial veterinario. La ley contempla un segundo tipo de maltrato, aquel en el que no se producen daños al animal, pero sí un sufrimiento. «En a nueva Ley de Bienestar Animal estos delitos constituyen normalmente infracciones administrativas de tipo grave que se sancionan con multas que oscilan entre los 15.000 y los 20.000 euros», explica Montiel, que añade que hay otros tipos de maltrato, como puede ser el abandono de animales sin que llegue a peligrar su vida, producirles mutilaciones corporales no autorizadas, o mantener de forma permanente a perros y gatos en espacios confinados.

El teniente recuerda que con la entrada en vigor de la Ley 7/2021, que reforma el Código Civil, «los animales dejan de considerarse meras cosas, más concretamente bienes muebles, para pasar a ser seres sintientes, algo sin duda más acorde con la naturaleza de nuestras mascotas o de cualquier otro animal». Con esta reforma, en caso de separación o de divorcio entre dos personas, los animales ya no se entregan como propiedad a aquella persona que sea su dueño, sino que se tendrán en cuenta los vínculos afectivos y su bienestar de una forma similar a lo que se hace con la custodia de los menores.

Un caso de maltrato animal que llamó especialmente la atención en la provincia, fue la localización el año pasado en un vertedero de Villablino de una perra mastín de unos 6 o 7 meses de edad, que se encontraba enterrada viva y con un fuerte traumatismo en la cabeza. «De hecho fue localizada por los gemidos que producía», relata el agente del Seprona. El animal fue desenterrado y trasladado a una clínica veterinaria de Villablino donde finalmente se le salvó la vida. Seguidamente la patrulla del Seprona de esta localidad inició una investigación para tratar de identificar a la persona responsable de estos hechos. Comenzaron con inspecciones en las explotaciones ganaderas de la zona, y entrevistas con los vecinos de las localidades limítrofes. Fruto de todas estas investigaciones se dio con el dueño del animal, que era un ganadero de la zona, al que se procedió a investigar como presunto autor de un delito de maltrato animal doméstico en concurso con un delito de abandono.

Respecto a los animales de ámbito rural, el teniente Montiel explica que cuando se trata de perros pastores se aprovecha la inspección que se realiza en la explotación para comprobar si los animales que hay en ese lugar reciben los cuidados necesarios y se comprueba la documentación. «No solemos encontrar infracciones en los perros de trabajo de los ganaderos, suelen ser personas responsables que hacen las cosas bien, como mucho se han detectado casos por no tener al día las vacunas», añade.

«Nos llegan muchos casos de personas que se ven amenazadas por mastines, por lo general no son perros peligrosos, cumplen una función y debemos saber donde podemos llegar», explica Montiel.

Otro caso llamativo ocurrió en agosto de 2020, cuando la Junta de Castilla y León y el Seprona trabajaron de forma coordinada para investigar la aparición de dos cachorros de lobo en un domicilio de Abelgas de Luna. El primer ejemplar fue localizado el día 20 y falleció, mientras que el segundo, una hembra, fue recogida el día 29, y salió adelante en el Centro de Recuperación de Especies de Valladolid. Según la necropsia, el lobo falleció por un fallo multiorgánico, consecuencia de una alimentación insuficiente, manejo inadecuado —estrés—, y una fuerte deshidratación. Todo esto hizo sospechar a la Guardia Civil que el animal se mantuvo en cautividad un prolongado espacio de tiempo.

Otra de las actuaciones que realiza el Seprona es comprobar el estado de los tendidos eléctricos para evitar que se produzcan electrocuciones de aves, algo por desgracia muy habitual. «Cuando localizamos aves electrocutadas las llevamos para la realización de una necropsia para determinar la causa de la muerte y exigir responsabilidades a la empresa eléctrica responsable, porque una cosa es que lo tengamos claro y otra que lo podamos demostrar en un juicio», explica Montiel.

«Nuestros delitos no son como los que lleva la policía judicial, nos tenemos que apoyar en muchos informes técnicos para determinar la gravedad de los delitos en el medio ambiente», apunta Francisco Pérez.

Durante el año 2023 el Seprona de León también realizó una importante operación denominada Leocat, en la que se observó que trece centros autorizados de tratamiento de vehículos (CAT) de la provincia no estaban gestionando correctamente los gases de los circuitos de aire acondicionado de los vehículos destinados al desguace. «Las investigaciones llevadas a cabo pudieron determinar que había un desfase entre la cantidad declarada y la que se debía haber recuperado de gases refrigerantes, que por su tipología y composición pueden afectar gravemente a la capa de ozono y favorecer el calentamiento global», explica el teniente Montiel.

Dentro de los casos contra la fauna más significativos para el Seprona en la provincia se produjo en 2010 en el Aeropuerto de León, cuando se localizó una maleta con numerosas pieles de animales y aves en su interior, en su mayoría de especies exóticas, en proceso de curtido, posiblemente para ser disecadas. El equipo del Seprona inició entonces una investigación para determinar la procedencia y destino final de ese material, así como su situación legal. Finalmente se determinó la existencia de una organización internacional dedicada al tráfico de especies amenazadas. Ese fue el inicio de la llamada operación Silvestre, llevada a cabo en León, Toledo, Ciudad Real, Girona y Sevilla que se saldó con siete personas detenidas, entre ellos tres taxidermistas, por su implicación en delitos relacionados con el contrabando y tráfico de especies protegidas.

En la operación fueron intervenidos más de 2.500 ejemplares de distintas especies protegidas, entre los que se encontraban lince ibérico, pudú, quebrantahuesos, lobo de crin, guapamayos, cacatúas o búhos. Las especies fueron depositadas en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid.

Flexibilidad e información ante la nueva Ley

En el caso de los animales domésticos, en concreto perros, las infracciones más frecuentes se cometen al dejar sueltos, sobre todo en razas potencialmente peligrosas (PPP), llevarlos sin bozal, con una correa de más de dos metros o no tenerlos inscritos. En cuanto al resto de los perros, las infracciones más frecuentes están relacionadas con la ausencia del microchip o la falta de vacunas. En materia de perros domésticos, el Seprona no realiza controles propiamente dichos, sino que al prestar servicio por el casco urbano de las localidades, pueden proceder a inspeccionar cualquier actividad susceptible de estar cometiendo una infracción. «Lo que está claro es que la nueva Ley de Bienestar Animal contempla sanciones muy elevadas, por ejemplo, por no tener microchip puede acarrear una multa de 10.000 euros», afirma el sargento Pérez. «Lo que se quiere inculcar con esta ley es que cuando te compras o adoptas una mascota lo que estás es adoptando un miembro de tu familia. Si tu a tu hijo cuando caes enfermo lo llevas al médico, a tu mascota cuando cae enferma la tienes que llevar al veterinario», asegura el teniente Montiel, que «concreta que la Ley lo que hace es un seguimiento desde que nace el animal hasta que muere y manda la idea de sacrificio cero, si no hay una causa médicamente justificada». Son muchas las restricciones de esta nueva ley, que impide comercializar si no es criador autorizado, y que obliga a los propietarios a esterilizar a sus mascotas si hay riesgo de quedarse preñadas. «El problema es que aún no hay un reglamento para esa ley, y se necesita muchos recursos económicos para garantizar su cumplimiento». Por eso afirma que «nuestro objetivo ahora no es sancionar, es informar y ayudar a cumplir la ley, intentamos ser flexibles y ver la situación en la que se encuentran la personas, porque hay gente muy vulnerable que no tiene medios, y no por eso sus mascotas están en situación de maltrato. Hay que ayudar a estas personas a salir adelante, no hundirla con una sanción», concluye Jesús Montiel.