Los agricultores independientes vuelven a las calles indignados por las sanciones

Las movilizaciones del campo no han acabado, como lo demostraron ayer los agricultores independientes de la plataforma Decaleón, que volvieron a desplazar sus tractores a León capital para escenificar su desacuerdo con las «cesiones» hacia el sector ofrecidas por la Unión Europea y sobre todo con las sanciones «económicas y de cuatro puntos» que han recibido por su participación en las protestas en donde, denuncian, los agentes han utilizado la violencia «de forma brutal y desproporcionada».

El portavoz de la plataforma, Alfonso de la Mata, denunció el maltrato que están recibiendo por parte de las administraciones por las sanciones «drásticas» que han impuesto a los participantes de las protestas, incluidos los once investigados por un delito de desobediencia grave en la última movilización en el polígono de Villadangos del Páramo. De la Mata criticó que no se trata solo de sanciones económicas, sino también de retirada de puntos del carnet por la utilización de tractores en las protestas realizadas «con permiso».

En su manifiesto, los agricultores defienden que todos los actos han transcurrido «sin el uso de violencia alguna por parte de los manifestantes» y consideran que los expedientes se han abierto «de forma arbitraria» y son una «prueba palmaria de la persecución a la que se ve sometido el medio rural». Además, denuncian que los agentes «tenían órdenes claras y tajantes de impedir que se desarrollara cualquier tipo de acto» y que han utilizado «la violencia de manera brutal y desproporcionada».

En la movilización de ayer participaron unos 150 agricultores y ganaderos y unos ochenta tractores que permanecieron gran parte de la mañana a las puertas de la Subdelegación del Gobierno, donde primero fueron recibidos en el interior por el subdelegado, Faustino Sánchez, a quien le entregaron su manifiesto. Más allá de las 14.30 horas, Sánchez les atendió a las puertas de la Subdelegación. Fue el momento más polémico de la mañana, cuando Sánchez les explicó que los expedientes sancionadores «se están estudiando» y que su obligación es «cumplir la ley». Ante las críticas por la «contundencia» de las intervenciones policiales, Sánchez señaló que se ha sido «flexible» aunque remarcó que hay cosas «que no puedo hacer».

Como ya explicitaron la semana pasada las organizaciones agrarias Asaja, Coag y Unión de Uniones, que se negaron a firmar el acuerdo con el Ministerio de Agricultura, los avances conseguidos no son suficientes para dar por salvada la crisis en el sector provocada por las restrictivas políticas europeas. De Mata, resumió lo que consideran un fracaso en las negociaciones: solo dos años de prórroga para el barbecho y la rotación de cultivo y ninguna medida para frenar la entrada de productos foráneos que, según afirmó no tienen la obligación de cumplir los estrictos protocolos sanitarios a los que están sometidos los agricultores y ganaderos comunitarios.