Las opas tildan de «tibia» la posición de la Junta en el acuerdo entre la UE y Mercasur

Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León exigieron a la Junta un «posicionamiento en contra» del acuerdo que se está fraguando entre la Unión Europea y los países del Mercosur ya que, a juicio de las opas, «va a suponer la puntilla» para muchos sectores de la agricultura y la ganadería de la Comunidad. Por su parte, la consejera de Agricultura, María González Corral, exigió al respecto «transparencia» al Ministerio para que el trato «no suponga una situación de desventaja para ninguna de las partes».

Este fue uno de los puntos de debate durante el Consejo Regional Agrario que se está celebrando en la sede del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl).

Las opas, en voz del presidente de Asaja, Donaciano Dujo, y del portavoz de la Alianza UPA-Coag, Aurelio González, pidieron a la Junta un «posicionamiento en contra» del acuerdo entre UE y Mercosur porque, para Dujo, «está propiciando a Alemania cambiar trigo, vacas y azúcar por coches», pero perjudica a Castilla y León porque «no van a ser los coches que vayan a Mercosur y sí van a entrar sus productos agroalimentarios».

«No lo podemos permitir y la Junta se tiene que poner de nuestro lado», apuntó Dujo, en unas palabras a las que se unió Aurelio González para pedir a la Consejería «un frente común» con las opas para realizar «una petición formal al Ministerio para que se esté en contra de firmar» el tratado ya que, a juicio del secretario general de UPA en Castilla y León, supondría «la puntilla para sectores como el vacuno de carne o el azúcar».

Sin embargo, la consejera recordó en primer lugar que el acuerdo, que «se lleva negociando desde hace más de 20 años, no está cerrado», y que desde la Junta consideran que «cualquier negociación es bienvenida» pero siempre que se haga «con total transparencia». Una petición que deslizó al Ministerio para que traslade a la UE que se debe «trabajar con todos los actores» para que el acuerdo «no suponga una desventaja para ninguno de ellos».

Las palabras de la consejera no convencieron al presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, que consideró la posición «tibia» y «políticamente correcta» para después señalar al ministro de Agricultura, Luis Planas, que «el año pasado se comprometió a que cualquier acuerdo de la UE con terceros países tiene que tener las cláusulas espejo para que se firme». «Si el ministro hoy apoya el acuerdo en las condiciones en que está establecido, está haciendo otra cosa, porque Mercosur no cumple las normas de la UE», concluyó.

Donde sí coincidieron opas y Consejería es en la reivindicación de una Política Agraria Común (PAC) «justa y ajustada a las necesidades de agricultores y ganaderos» en un escenario post 2027, como apuntó González Corral, ante la «incertidumbre con el nuevo Colegio de Comisarios» de la UE y con «la posibilidad de que entren terceros países con mucha extensión agrícola y poco potencial económico», del que advirtió Dujo.

Por ello, y tal como afirmó el coordinador de UCCL, Jesús Manuel González Palacín, «hay que hacer una reforma intermedia profunda y una nueva PAC» que abogue por «reorientar las ayudas al agricultor a título profesional y rebajar las exigencias medioambientales para hacerlas más razonables y objetivas». En ese sentido, la consejera aseguró que envió la pasada semana una carta al ministro de Agricultura, Luis Planas, para trabajar en «una PAC justa que se adecúe a las necesidades de los agricultores y simplifique los trámites administrativos».

También hubo acuerdo en la «necesidad de una apuesta por las infraestructuras hidráulicas y una política de defensa del agua» que González Corral ejemplificó con la apuesta que está haciendo la Junta por «la modernización de regadíos» para trabajar «de forma más eficiente, con un menor consumo de agua y más ahorro energético».

Por ello, pidió al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que «incremente la capacidad de regulación de la cuenca del Duero», además de aprobar las zonas pendientes de Declaración de Impacto Ambiental para seguir avanzando en la modernización de regadíos en los que la Junta invierte «más de 86 millones» para modernizar 21.225 hectáreas.

También a este Ministerio, ahora dirigido por Sara Aagesen, se dirigieron Junta y opas para reclamar «que cambie el planteamiento y permita que las explotaciones no se vean atacadas como viene siendo últimamente», según afirmó González Corral, a la que secundaron las opas no sin antes pedir a la Junta que «elabore un plan para controles poblacionales de ciervos y jabalíes», que también «causan daños terribles al sector».