El Procurador reclama a los municipios medidas para controlar el uso del agua

El Procurador del Común reclama a los ayuntamientos que prioricen medidas para la optimización del consumo de agua en sus municipios con el fin de racionalizar el uso de un bien público que es «básico y esencial» para el abastecimiento de la población.

La institución ha iniciado una actuación de oficio para conocer si se está realizando el control de las fugas estructurales por parte de los municipios más poblados de la Comunidad, con el objetivo de establecer «si se contabilizaban, o no, las pérdidas de agua potable que sufren», y conocer, en su caso, las medidas a adoptar al respecto.

En la resolución emitida al respecto, el Procurador insta a las entidades locales, entre otras medidas a que garanticen la implementación de los protocolos de verificación y evaluación de las pérdidas de agua potable y a que instalen contadores en todas las tomas de agua existentes en los inmuebles de titularidad municipal, así como en las utilizadas por servicios municipales para «un control preciso de todos los consumos». También reclama que se priorice la actualización de las infraestructuras que forman parte del servicio de abastecimiento de agua potable, «evitando así las averías recurrentes y las pérdidas significativas de recursos hídricos» y que «se implementen planes de detección de fugas mediante controles nocturnos, inspección acústica u otras tecnologías avanzadas».

En el transcurso de la investigación, el Procurador del Común ha detectado que en torno a un 90 por ciento de todos los ayuntamientos que han dado respuesta a las solicitudes de información han manifestado que realizan un control de los caudales de agua que entran en los sistemas de abastecimiento local y lo comparan con el consumo que efectúan los abonados,» por lo que se encuentran en condiciones de conocer la eficiencia de su red».

Según sus datos, algo más de la mitad de las entidades locales que han proporcionado informes al Procurador reconocen que no se contabilizan los consumos de agua que realizan los servicios municipales, en concreto los que se dedican al baldeo de calles y al riego de jardines. «Solo en algunos casos manifiestan que están controlados los consumos en determinados edificios municipales, aunque dichos consumos no se facturen», añade la resolución emitida este mes por la institución autonómica, que señala que la falta de control de los consumos reales que se realizan en todos los servicios e inmuebles municipales «incide en los datos de eficiencia de la red y distorsiona los resultados obtenidos». A su juicio, «tampoco favorece la localización de posibles fugas reales, tanto en el interior como en el exterior de los inmuebles, puesto que será difícil determinar si un consumo elevado en una zona se debe a la existencia de una fuga o, por el contrario, ha sido motivado por un exceso de riego, por ejemplo, o por otras razones».En este punto, recuerda que la obligación de evaluar las fugas de agua es «una cuestión que incide de forma directa en la propia viabilidad de los sistemas de abastecimiento local, lo que cobra especial relevancia si tenemos en cuenta que estamos en un contexto en el que los recursos hídricos de calidad que se encuentran disponibles son cada vez más escasos».