Plantea la expropiación de los pastos para garantizar los derechos de los ganaderos
UPL pide en las Cortes la actuación de la Junta en el conflicto de Pinos
Los leonesistas reclaman que actúe para hacer efectiva la sentencia del TSJ contra Mieres

Puerto de Pinos, en San Emiliano. RAMIRO
La UPL lleva el conflicto del puerto de Pinos a las Cortes de Castilla y León, a través de dos preguntas escritas en las que los leonesistas reclaman a la Junta medidas para hacer efectiva la sentencia reciente del TSJ de Asturias que dictamina que el aprovechamiento de pastos por parte del Ayuntamiento de Mieres en el puerto leonés es ilegal.En un comunicado, UPL recuerda que desde Mieres el PSOE ya ha reclamado «nuevas fórmulas de gestión» de este Ayuntamiento asturiano sobre los terrenos Pinos, señalando al señalar cómo «bajo ningún concepto» se debe renunciar a algo que «es legalmente nuestro».Por ello, los leonesistas han pedido a la Junta que actúe para hacer efectiva la sentencia judicial reciente y que dictamina que es ilegal el aprovechamiento que está haciendo de pastos leoneses dicho consistorio asturiano.Los leonesistas plantean a la Junta la posibilidad de expropiar los terrenos a Mieres para garantizar que dejen de vulnerarse los derechos de explotación históricos de aprovechamiento de estos pastos por los ganaderos de la comarca leonesa de Babia.Según la iniciativa parlamentaria, Mieres está explotando los terrenos que adquirió hace décadas en el puerto de Pinos (unas 1.000 hectáreas) sin contar con los derechos de explotación históricos de aprovechamiento de estos pastos de San Emiliano y las entidades menores de Babia.En este aspecto, si inicialmente sí hubo un uso compartido entre mierenses y babianos, posteriormente el Ayuntamiento de Mieres comenzó a restringir el uso de estos pastos a los ganaderos leoneses aplicando ilegalmente el reglamento municipal de Mieres en otro municipio.Esta situación llevó a iniciar en el año 2006 a las juntas vecinales de Villargusán, Pinos, Candemuela y San Emiliano un contencioso judicial para la defensa de sus derechos históricos en el puerto.