Alerta en el campo por el nuevo sistema de autónomos

Los sindicatos agrarios han advertido de las repercusiones que para el agricultor tiene en sus prestaciones sociales reducir su base de cotización en el nuevo sistema para trabajadores por cuenta propia o autónomos, entre los que se incluye los del sector agrario. Tanto Asaja Castilla y León como UCCL han salido al paso para avisar al sector e la reducción que pueden sufrir en sus cotizaciones. Dedsde Asaja alertan que hay que tener en cuenta el peso que este sistema de cotización tiene en el campo de la Comunidad: en Castilla y León, los autónomos en el sector son el 61 por ciento de los cotizantes agrarios, frente al 25 nacional.

El sindicato agrario señala en un comunicado que en enero de 2023 entró en vigor el nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, entre los que se incluyen los del sector agrario. El nuevo sistema no permite al autónomo elegir su base de cotización, como hasta entonces, sino que le obliga a elegir cada año una base mensual, que tiene un carácter provisional hasta que se proceda a su regularización anual según los rendimientos de su actividad. Rendimientos que en el caso del sector agropecuario fluctúan mucho cada año, al depender de variables incontrolables como la meteorología o los mercados internacionales.

Los autónomos agrarios podrían ver reducidas sus prestaciones entre un 32% y un 44%

La regularización del año 2023 se ha comenzado a finales del año 2024 y la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) está notificando ahora a los autónomos si la cuota que pagaron en el año 2023 se ajusta o no a sus rendimientos netos según lo declarado en el IRPF de ese año. Si la cuota fue mayor se le devolverá lo que corresponda, y si fue inferior deberá pagar.

Asaja ha comprobado que la mayoría de las notificaciones son porque la cuota que han pagado es mayor de lo que les corresponde según sus rendimientos netos minorados del ejercicio 2023. Esto implica que el agricultor o ganadero va a cotizar por una base de cotización inferior a la que podría desear y que, en la mayoría de los supuestos, supone una base muy inferior a la base mínima de cotización del régimen general. Si bien a simple vista esto podría suponer una ventaja para el autónomo al cotizar menos, esto no es así. ya que estos trabajadores autónomos verán recortadas sus prestaciones sociales tanto en el corto plazo (en caso de bajas o permisos por IT, IP, maternidad o paternidad y riesgo durante el embarazo), como en el largo (jubilación).

La regularización de 2023 arrancó a finales de 2024 y si la cuota fue inferior, hay que pagar

Por su parte, UCCL denunció que los autónomos agrarios podrían ver reducidas sus prestaciones entre un 32 y un 44 por ciento, una denuncia que traslada ante la campaña de regularización de las bases de cotización de los autónomos, y reclama una rectificación, según un comunicado.

UCCL alertó de que, de proceder a la regularización, los profesionales agrarios de alta en el RETA antes de 2023 sufrirán recortes en las prestaciones sociales de un 32 por ciento, de forma inmediata a las incapacidades temporales, a medio plazo a las de viudedad, y a largo plazo a las incapacidades permanentes y jubilación; unas caídas que aún acusará más —un 44%— a los que están dados de alta en el RETA después del 1 de enero del 2023.

En la misma línea, pidió que se informe detalladamente a cada persona afectada de la caída en las prestaciones sociales si no mantienen la base de cotización que tenía a 31 de diciembre de 2022, a la vez que se alargue tres meses —hasta el 30 de abril— la finalización de la regularización de 2023 para disponer de tiempo suficiente para difundir e informar sobre los efectos y derechos sobre las prestaciones sociales de las personas afectadas.

UCCL, que ya advirtió de las «significativas caídas» de las prestaciones sociales a raíz de la aprobación, en julio de 2022, del Real Decreto-ley 13/2022, denunció que el Gobierno y el PSOE «faltaron a su compromiso de resolver esta situación». En este sentido, dejarán a «la inmensa mayoría los profesionales agrarios en una pésima situación económica, a pesar de que en el 2008 se integraban en el RETA, en teoría, para mejorar las prestaciones, aunque supusiera tener que incrementar sus cotizaciones».