La Inspección minera de Asturias alertó sobre la extracción ilegal de carbón en Cerredo años antes de la tragedia que mató a cinco mineros leoneses

El Servicio de Seguridad Minera del Principado de Asturias ya había detectado en 2022 indicios claros de que en la mina de Cerredo se realizaban extracciones irregulares de carbón, según revela un informe interno al que ha tenido acceso el periódico La Nueva España. Este documento, elaborado tras un grave accidente ocurrido en las mismas instalaciones donde este lunes fallecieron cinco trabajadores, todos de León, señalaba "indicios racionales de una actividad extractiva no autorizada".

El informe, procedente de la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación, entonces dirigida por Belarmina Díaz (actual consejera de Transición Ecológica), demostraba que la administración asturiana tenía sospechas fundamentadas de que los propietarios de la explotación podían estar incumpliendo la normativa vigente en España.

Entramado empresarial bajo sospecha

Las investigaciones, según la misma fuente, señalan a un complejo entramado empresarial detrás de las operaciones en Cerredo. En 2022, la explotación estaba en manos de Combustibles Asturiana y Leonesa, mientras que en 2024 aparece vinculada a Blue Solving, una sociedad unipersonal creada con apenas 3.000 euros de capital. El administrador único de esta última es Adrián Rodríguez Rodríguez, hijo de José Manuel Rodríguez Mirantes, un empresario minero con causas judiciales pendientes tras el hallazgo de 400 kilos de cocaína en un cargamento vinculado a sus empresas.

Se da la circunstancia de que el actual propietario del permiso restringido para investigar en Cerredo, Adrián Rodríguez,  es también el propietario de la empresa Cristal Mining Coal, que ha solicitado la concesión de uso privativo de terrenos de utilidad pública en la comarca lacianiega, propiedad de las entidades locales menores de Sosas de Laciana, Robles de Laciana y Villaseca de Laciana, con el objetivo de comenzar la actividad en la explotación minera de Sosas, denominada ‘Mina Petronila’. Esta empresa tiene previsto extraer antracida premium para transformarla en grafito y derivarlo a usos como la fabricación de baterías de coches eléctricos.

A pesar de estos antecedentes problemáticos, la empresa logró obtener autorizaciones para realizar supuestas investigaciones sobre la presencia de grafito de alta calidad en las mismas instalaciones donde previamente se sospechaba que se extraía carbón de manera ilegal, recalca La Nueva España.

El accidente de 2022: señales ignoradas

El siniestro ocurrido en 2022 en la misma explotación dejó un trabajador fallecido y otro gravemente herido con la amputación de una pierna. La inspección realizada entonces detectó numerosas deficiencias: el vehículo accidentado presentaba 26 fallos que impedían que pasase la ITV, mantenimiento deficiente del equipo, carencias en la formación del personal, falta de certificados de capacitación y una desorganización general de los trabajos.

Lo más alarmante fue la constatación de que "el carbón que transportaba el camión accidentado procedía de la plaza del sexto piso de la mina de interior, para la que no existía autorización de explotación, encontrándose en proceso de cierre". Ante estos hallazgos, los inspectores recomendaron abrir un expediente informativo, que aparentemente no tuvo las consecuencias necesarias para evitar la tragedia actual.

Subvenciones millonarias en un contexto irregular

A pesar de las sospechas de irregularidades, las empresas vinculadas a esta explotación minera consiguieron subvenciones del Instituto de Transición Justa por valor de más de 1,5 millones de euros. Fuentes del Ministerio de Transición Ecológica han aclarado que estas ayudas no estaban destinadas a actividades extractivas, sino a "recuperar antiguas instalaciones y valorizar materiales estratégicos".

Combustibles Asturiana y Leonesa recibió también fondos para una planta de briquetas de productos principalmente de origen mineral para uso industrial. Las autoridades ministeriales han subrayado que "todos los proyectos mineros deben cumplir la normativa y contar con los permisos preceptivos que otorgan las autoridades competentes".

Clasificación de riesgo y presencia de grisú

La mina donde se produjo la reciente deflagración estaba clasificada como de "nivel 2" en cuanto al riesgo de presencia de grisú u otros gases inflamables, lo que la categorizaba como "débilmente grisuosa". Esta clasificación indica que en ella "pueden desprenderse en cantidad reducida grisú u otros gases inflamables", según establece el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.

La hipótesis inicial de los investigadores apunta, según La Nueva España, a que una deflagración ocasionada por la presencia de este gas invisible, compuesto principalmente por metano, habría causado el fatal accidente. Sin embargo, expertos del sector han expresado extrañeza ante este hecho, ya que los modernos sistemas de detección de grisú han reducido significativamente la posibilidad de explosiones en las últimas décadas.

Reacciones institucionales

La consejera Belarmina Díaz ha convocado de urgencia para el próximo jueves a la Comisión Regional de Seguridad Minera, en línea con lo manifestado por el presidente del Principado, Adrián Barbón, quien ha asegurado que la investigación se desarrollará con el "máximo rigor". Esta reunión había sido reclamada por el sindicato minero SOMA-FITAG-UGT.

Las familias de los fallecidos han alertado sobre la necesidad de verificar si los trabajos se realizaban bajo las condiciones de seguridad necesarias, especialmente en lo referente a la presencia de detectores de grisú y al cumplimiento de la normativa que limita 

El accidente de Cerredo se suma a una larga historia de siniestralidad en el sector minero español, que a pesar de las mejoras en seguridad, sigue presentando riesgos significativos para sus trabajadores. Las investigaciones determinarán si este nuevo episodio podría haberse evitado con una supervisión más estricta de las recomendaciones previas realizadas por los servicios de inspección.