¿Protege realmente la legislación minera española a los trabajadores en 2025?
Leyes antiguas aún sobrevuelan la seguridad sobre las escasas explotaciones que quedan en España
La de Cerredo es la mina de interior más grande del país.
En un momento en que la minería en España busca resurgir como pilar estratégico para la transición energética, la legislación minera actual enfrenta un escrutinio renovado: ¿Es suficiente para garantizar la seguridad y los derechos de los trabajadores? Con la provincia de León como un histórico bastión minero, es momento de hacer un análisis sobre si las leyes vigentes están a la altura de los retos del siglo XXI.
Un marco legal con raíces antiguas
La base de la legislación minera española sigue siendo la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, complementada por normativas como el Real Decreto 2857/1978 y diversas disposiciones autonómicas. Este marco, aunque actualizado en aspectos como la sostenibilidad ambiental tras directivas europeas, mantiene un enfoque que muchos expertos consideran desfasado en materia de protección laboral. La normativa establece requisitos generales de seguridad, como inspecciones periódicas y el uso de equipos de protección, pero carece de especificidad frente a los riesgos modernos, como la exposición a nuevos materiales o el uso de maquinaria avanzada.
En los últimos años, la Unión Europea ha presionado por estándares más estrictos, y España ha adaptado su legislación con medidas como el Real Decreto 665/1997 sobre protección frente a riesgos químicos. Sin embargo, los datos de accidentes laborales en el sector minero entre 2009 y 2018 –con una media de 300 incidentes anuales en minas no energéticas, según estudios– sugieren que la implementación sigue siendo un talón de Aquiles.
¿Qué dicen los números?
Aunque España ha reducido significativamente los accidentes mortales en la minería desde los años 90, el sector aún registra tasas de incidencia superiores a las de países como Australia o Canadá, líderes en seguridad minera. En 2020, la producción minera generó 3.800 millones de euros, pero los costes humanos persisten: las lesiones por esfuerzo físico representan el 39% de las reclamaciones de compensación, según Safe Work Australia. En León, donde las minas de carbón han dado paso a explotaciones de cuarzo y pizarra, los trabajadores denuncian que las inspecciones son insuficientes y que las sanciones a empresas incumplidoras rara vez disuaden.
Voces desde el terreno
“La ley está, pero no se siente en el día a día”, asegura Juan Martínez, un veterano minero de la comarca de El Bierzo. “Faltan formación actualizada y equipos modernos. Si hay un accidente, la responsabilidad suele recaer en el trabajador, no en la empresa”. Esta percepción coincide con análisis que apuntan a una falta de coordinación entre el Ministerio de Trabajo y las comunidades autónomas, responsables de aplicar la normativa.
El papel de la Transición Justa
El cierre de minas de carbón en 2018, respaldado por un plan de 250 millones de euros para una transición justa, prometió reubicar y formar a los trabajadores. Sin embargo, en 2025, muchos exmineros de León siguen sin empleo estable, y los nuevos proyectos –como la extracción de minerales críticos– no siempre priorizan la seguridad. La legislación no obliga a las empresas a invertir en formación continua ni a adoptar tecnologías de vanguardia, lo que deja a los trabajadores vulnerables ante riesgos emergentes.
¿Hacia dónde vamos?
La creciente demanda de minerales para baterías y energías renovables ofrece una oportunidad para modernizar el sector, pero también exige una legislación más robusta. Expertos sugieren reformas como:
- Estándares específicos para cada tipo de mina (subterránea, a cielo abierto, plantas de procesamiento).
- Formación obligatoria y actualizada, financiada por las empresas.
- Sanciones más duras y mayor transparencia en los informes de seguridad.
La pregunta sigue abierta: ¿Puede España equilibrar su ambición económica con la protección de quienes sostienen el sector? La respuesta, por ahora, parece ser un “aún no” que resuena en las galerías y canteras de la provincia.