La guerra de los cárteles del carbón

La muerte de los cinco mineros en una mina de Cerredo ha destapado una guerra soterrada entre las empresas que se hicieron con los restos de la economía del carbón. Centradas en la vertiente asturiana, los hombres al frente de estos negocios compiten por quedarse con la parte del pastel de las cuencas, ahora que el precio por tonelada del mineral se ha multiplicado por diez. Desde el pasado 31 de marzo, los medios no han dejado de publicar las denuncias cruzadas entre administradores de trastiendas que lucen con nombres anglosajones, siglas a cuyos propietarios se llega tras perforar numerosas capas societarias.

A la espera de que declaren ante el juez los supervivientes del accidente — uno de ellos confirmó ayer tras declarar ante la Guardia Civil, que en el momento del accidente estaban extrayendo carbón al tiempo que se mostraba convencido de que el accidente podría haberse evitado— y mientras los peritos desentrañan pruebas e indicios que esclarezcan lo que pasó en las horas o minutos previos a la explosión, se suceden chivatazos que buscan cerrar tajos como manera de perjudicar al competidor, en una guerra cuyo slogan parece ser «el que más chifle, capador». El último ha sido el administrador de Carbones del Río Nalón, que el lunes acusaba a Natural Mining Resources (NMR), Special Anthracites SLU y su administrador, David Rodríguez Menéndez, por la explotación ilegal de carbón en Pilotuerto, en Tineo. Faustino Ovin Polo asegura que ambas han «venido defraudando a la administración por explotar minas que se cerraron tras recibir ayudas al cierre». El solicitante pide también investigar la actuación de la Dirección General de Energía y Minería del Principado por la transmisión de derechos mineros de la explotación de Pilotuerto a la actual empresa titular y que esta aclare los motivos y condiciones bajo las cuales se autorizó dicha transmisión, teniendo en cuenta los antecedentes de la explotación y las ayudas públicas recibidas.

Antes de eso, Promining, empresa perteneciente a la esfera de Victorino Alonso, había presentado denuncia sobre la explotación en Cerredo por las mismas razones y hace pocos días hacía lo mismo con la de Tormaleo. Mientras tanto, el Principado ha clausurado la mina de Cangas de Narcea — perteneciente a TyC La Mata— con igual razonamiento y tras otra acusación.

Nadie parece ceder en esta guerra. Al revés, los contrincantes han entrado en una espiral que puede engullirlos a todos. Para entender este juego de Risk lo primero que hay que saber es quién está detrás de cada denuncia y, por lo tanto, de cada empresa. Un ingeniero de minas explica con un ejemplo a DIARIO DE LEÓN lo que podría estar pasando en Asturias: «Para hacerse con minas ajenas prósperas, (el empresario) compra una participación minoritaria para tener voz en la empresa y manda a un abogado redactar una denuncia por lo mismo que él hace en sus minas. La diferencia entre decirle a alguien «Voy a ponerte una demanda» o decirle «Mira, échale un vistazo, aquí está documentada con pruebas la demanda que te voy a poner», es devastadora. Las supuestas pruebas no las confirma nadie, el otro que no quiere vender sabe muy bien que es culpable y termina por ceder al chantaje».

Promining, cuyo administrador único y otros de sus apoderados mantienen vínculos con sociedades de Victorino Alonso y su entorno societario, es la responsable de las denuncias contra las empresas Cristal Mining, en Sosas de Laciana — esta en la vertiente leonesa— , Blue Solving en Cerredo y Mina Miura. Por su parte, Carbones del Río Nalón está en la órbita de Carbones de La Vega, sociedad cuyo administrador es Jesús Rodríguez Morán, el empresario a cuya familia pertenece Blue Solving, la firma titular de las minas de Cerredo y Mina Miura. A su vez, CRN es la denunciante de NMR y Special Anthracites SLU, que explota Pilotuerto. Todas ellas fueron propiedad del grupo Alonso y todas ellas fueron desgajándose del núcleo central a medida que se terminaban las ayudas y se cobraban las subvenciones al cierre.

La foto fija actual muestra que Cerredo, Mina Miura y Sosas acabaron en manos de Blue Solving mientras que Pilotuerto pertenece ahora a Special Anthracites, si bien tuvo que pasar por un largo trayecto hasta llegar a David Rodríguez Menéndez, su administrador:

1.— En 2013 la Unión Minera del Norte entra en concurso voluntario de creedores y el 29 de enero de 2013, Victorino Alonso transmite los derechos mineros a Minerales del Bierzo. Un año más tarde, el 2 de junio de 2014 solicita a Minas autorización para la transmisión a Minerales del Bierzo y en el mismo, el arriendo a Uminsa. Dos meses después, la administración da el plácet.

2.— Entre 2016 y el 17 de junio 2017 el juez del concurso permite a Uminsa administrarse por su cuenta.

3.— El 17 de enero de 2017 Uminsa pide pasar el arrendamiento de la explotación de Pilotuerto a Prosimet pero en el proceso el contrato de los trabajos se concede a Uminsa, truco que permite de nuevo no presentar avales. Sin embargo, Uminsa ha perdido, según fuentes consultadas por Diario de León, cualquier derecho o titularidad sobre la mina.

4.— El 20 de febrero Hunosa solicita el expediente de transmisión a Prosimet, pero Oviedo no le da acceso. Desde finales de 2019 hasta 2022 Minerales del Bierzo tenía la titularidad de las concesiones y NMR, el arriendo de la explotación. La venta de las concesiones de Minerales del Bierzo a NMR se produce en 2022. Estas concesiones ya cobraban las ayudas al cierre de la minería, con lo que estaban obligadas a cerrar a 31 de diciembre de 2018 o bien, devolver las subvenciones.

5.— Ese mismo año, Tragsa recibe el mandato de vigilar algunos de los grupos que habían funcionado hasta el 31 de diciembre de 2018 con el fin de comprobar que habían clausurado realmente su actividad. Sin embargo, ese informe no se ha localizado a pesar de que NMR arrendó la explotación en 2019.