«En el caso de Cerredo todo se tramitó en tiempo y forma»
Un coordinador forestal dice que todas las actas se tramitaron
Reunión de la comisión parlamentaria de investigación.
El jefe de servicio de Agentes Ambientales del Principado, Jaime Marcos, aseguró este jueves ante la comisión parlamentaria que investiga el accidente que costó la vida a cinco trabajadores de la mina de Cerredo el pasado marzo, que ninguna denuncia que llega a sus manos se queda sin tramitar «afecte a quien afecte» y que no conoce a ningún funcionario que dé carpetazo a un asunto sin más. Marcos, que ayer cumplía su último día de trabajo tras 39 años de servicio en la administración, había sido citado porque, tras la explosión mortal de grisú registrada en el nivel tercero de la mina de Cerredo, se hicieron públicas actas y denuncias de un particular, una empresa minera y agentes de Medio Natural en las que advertían de que se estaba sacando carbón, pese a que la empresa titular carecía de permiso. El jefe de servicio reconoció que tenía conocimiento de que se habían levantado actas relacionadas con la mina de Cerredo, pero que no participó en su tramitación, salvo en el caso de una denuncia por la apertura de una zanja en la que propuso que se abriese un expediente sancionador.
Asimismo, aseguró que «nunca nadie» le llamó teléfono para decirle que tenía un problema que resolver en Degaña o para interesarse por los controles que se hacían sobre la mina, aunque también reconoció que las casi cuatro décadas que lleva trabajando para la administración alguna vez vio «algo raro» que no desveló por considerarlo un secreto profesional.
Encargado de las relaciones con la Guardia Civil y la Fiscalía, aseguró ser «muy expeditivo» por lo que, «si hay una denuncia, se tramita, afecte a quien afecte» y que en el caso de Cerredo todo se tramitó en tiempo y forma.
Más comparecencias
Ante la comisión compareció también Jaime Martín Herrero, que ejerció como responsable técnico de la comarca suroccidental en el Servicio de Montes del Principado entre 2018 y 2022, y cuya firma aparece en un expediente en el que se pide información adicional a un representante de Combayl, la empresa que entonces tenía lo derechos sobre la mina de Cerredo, ante la solicitud que había hecho para la ocupación de una finca en un monte público.
Martín dijo no recordar ese expediente y que en su puesto no tiene competencias en la tramitación de actas o denuncias de ocupación ni las conocía y que en la última visita que hizo a la mina entre 2019 y 2020 vio chatarra, vagonetas y un montón de restos de la actividad que hubo en su día, pero que no encontró ni un coche de empresa ni actividad.