Campaña contra el decreto que prevé facilitar la instalación de renovables

La asociación Unaspi, formada por agricultores y ganaderos independientes, han denunciado en una misiva las «graves implicaciones» que conlleva el Real Decreto-ley 7/2025, aprobado por el Consejo de Ministros el 24 de junio de 2025, y que está pasando «prácticamente desapercibido» aunque, según asegura, atenta contra el derecho constitucional de la propiedad.

Esta norma fue impulsada por el Ministerio de Transición Ecológica para reforzar de manera urgente el sistema eléctrico nacional con el objetivo de evitar que vuelva a producirse un apagón generalizado como el que afectó a la Península Ibérica el pasado 28 de abril y se votará este martes en el Congreso. El colectivo recuerda que el artículo 8 del «Decreto Okupa del Campo» esconde un impacto potencial en la propiedad y el uso de la tierra ya que establece que «se declaran de utilidad pública las instalaciones de producción de energía eléctrica, las instalaciones de almacenamiento que inyecten energía en las redes de transporte o distribución de energía eléctrica, las instalaciones de transporte y distribución de energía eléctrica, así como las infraestructuras eléctricas de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos de potencia superior a 3.000 kW, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso».

A juicio de Unaspi, «esto implica la posibilidad de expropiar fincas, cultivos y terrenos de cualquier propietario o comunidad rural para facilitar estas infraestructuras, sin apenas debate público ni transparencia». «Nos alarma que una medida de tal envergadura se esté tramitando sin el conocimiento ni la participación de los principales actores del campo, ni de la sociedad civil en general», añaden desde el colectivo agrario, que incide en que el día 22 de julio este Decreto Ley pasará la convalidación en el Congreso de los Diputados y que aún está a tiempo de ser rechazado». Por ello, Unaspi insta a todas las asociaciones, federaciones y colectivos «a alzar la voz y exigir que este decreto no se convalide tal como está redactado». Asimismo pide a los representantes políticos que voten «no» a su convalidación este martes en el Congreso y que «se abra un debate serio, transparente y respetuoso con los derechos de los ciudadanos y del medio rural». «Unamos fuerzas para que esta medida no se imponga a espaldas del campo y de quienes lo sostienen» finaliza la misiva .

Sobre este mismo decreto se ha pronunciado la Alianza Energía y Territorio Aliente, una plataforma compuesta por más de 200 organizaciones ciudadanas, rurales, ecologistas y del sector primario, que ha remitido una carta a todos los diputados del Congreso para pedirles que no «cedan» al «lobby energético renovable» y voten este martes en contra de la convalidación del también llamado 'decreto ley antiapagón'.