Primeras comparecencias de la comisión que investiga el accidente de Cerredo en el que murieron cinco mineros leoneses

La comisión de investigación constituida en el parlamento asturiano para investigar el accidente que el pasado 31 de marzo costó la vida a cinco trabajadores leoneses y causó heridas a otros cuatro en la mina de Cerredo, en el suroccidente del Principado, ha empezado este lunes a recabar los primeros testimonios.

Tres agentes de Medio Natural del Principado han sido los primeros en comparecer de los 81 que han sido citados por esta comisión, que tiene fijadas más declaraciones todos los días que restan del mes de julio y que volverá a retomar los trabajos el 1 de septiembre.

El primer testimonio recabado por la comisión de investigación no ha sido relevante, ya que su trabajo se limita a firmar electrónicamente desde Oviedo las actas o denuncias que hacen llegar los guardas mayores y subirlas a una base de datos para que el coordinador del servicio proceda posteriormente a su tramitación.

«Me limito a subirlos y a veces no los leo», ha señalado esta agente de Medio Natural que ha asegurado no tener información sobre las empresas que explotaron en los últimos años la mina de Cerredo ni sobre la existencia de trabajos en la bocamina.

Lo que sí ha asegurado es que todas las actas o denuncias que les hacen llegar los guardas se tramitan y que no hay problemas de coordinación en su servicio, pero sí algún fallo, como cierta tardanza que, en su opinión, puede estar relacionados con la falta de personal. Otro agente de Medio Natural que estuvo destinado en Ibias, pero llevó a cabo trabajos puntuales en Degaña, ha dicho que desconocía la existencia de actividades extractivas o vertidos irregulares en el Grupo Cerredo porque no hizo ninguna actuación ahí, y además no es de la zona «y es ajeno al mundo de la mina». Este agente, con 35 años de experiencia, firmó en junio de 2024 un informe sobre el reacondicionamiento y ampliación de una pista en un monte de utilidad pública cercana a la mina de Cerredo, si bien ha señalado que fue llevada a cabo por un particular y que se encontraba en otra ladera distinta a la que alberga la mina. Al igual que la primera compareciente, ha respaldado el sistema que utilizan para levantar actas, ha asegurado que no hay problemas de coordinación en su servicio y que pueden tramitar con facilidad los documentos. Otro agente de Medio Natural, que actualmente desarrolla su labor en las Brigadas de Investigación de Incendios (Bripas) en siete concejos del suroccidente asturiano, entre ellos Degaña, declaró que no ha realizado «ninguna actuación en el entorno de la mina ni alrededores». Tras asegurar que desconoce la existencia de actividad irregular en relación a la explotación, más allá de lo conocido a través de los medios de comunicación, ha explicado que sí emitió varias actas sobre la presencia de vertederos de neumáticos en Degaña, aunque ha dicho «desconocer» que tengan alguna vinculación con la mina. El agente ha denunciado la «carencia» de medios materiales y humanos en su servicio, ha alertado de la «falta» de formación y de protocolos que permitan «agilizar las labores diarias» y también dijo desconocer si hay problemas de coordinación entre departamentos.

Denuncias particulares ignoradas

La explosión registrada en el nivel tercero de la mina de Cerredo se produjo por la acumulación de grisú en un punto en el que, al parecer, se estaba extrayendo carbón de forma ilegal ya que la empresa titular, Blue Solving, solo disponía de un permiso para retirar maquinaria y material para chatarra, así como los acopios de carbón que pudiera haber en el interior de la explotación, cerrada desde 2018.

Tras la explosión se hicieron públicas denuncias de un particular, una empresa minera y de agentes de Medio Natural en las que advertían de que se estaba sacando carbón de la mina, y se puso en duda el control llevado a cabo desde la Dirección General de Minas de Asturias, que en las ocho inspecciones llevadas a cabo desde 2022 no detectó ninguna irregularidad.

El juzgado de Cangas de Narcea continúa las diligencias judiciales bajo secreto de sumario para determinar si hubo negligencias o qué irregularidades administrativas se pudieron haber cometido.

Finalmente, el único de los trabajadores que sobrevivió y que había accedido a comparecer ha rechazado la petición de la comisión al no estar en condiciones psicológicas de revivir el accidente.