La Fiscalía pone la guinda a los pueblos

No ha sido muy bienvenida entre los ayuntamientos leoneses la intención de la Fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo de investigar la conexión entre la ola de incendios y «la ausencia o, en su caso, la aplicación improcedente de los planes de prevención» municipales, un interés que ha sido trasladado por escrito a los fiscales provinciales para «comprobar» si los municipios más afectados por la «desastrosa» situación de los incendios forestales cuentan con planes de prevención, al tiempo que les ha emplazado a reclamar responsabilidades penales a quienes tenían la «obligación» de elaborar dichas medidas preventivas y no lo hicieron.

Los alcaldes se echan las manos a la cabeza ante la preocupación sugerida por la Fiscalía cuando sus pueblos aún están acosados por las llamas.

A la alcaldesa de Murias de Paredes, Carmen Mallo, le parecen «indignantes» estas indagaciones cuando no se deja actuar a los pueblos y «todo» son medidas restrictivas. A Mallo le parece «el colmo» que quieran hacer responsables a los Ayuntamientos de los incendios. «¿Creen que somos idiotas?», se pregunta la regidora de uno de los territorios más afectados por el fuego en León, con vecinos evacuados de sus casas ante la amenaza de las llamas. Similar es el parecer del alcalde de Villablino, Mario Rivas, quien considera «un auténtico despropósito» que la Fiscalía investigue a los municipios cuando, en su caso, el 90 por ciento de los montes no son propiedad municipal y todas las competencias que hay en los montes públicos utilizados responde a las juntas vecinales. A su juicio, lo que propone el fiscal es que se lleve a cabo una fiscalización de «la administración más débil», sin «dar ningún tipo de medio ni de argumento para poder hacerlo». Rivas cree que esta idea solo ha podido surgir desde el desconocimiento de las posibilidades que tienen las pedanías y las competencias vecinales.

Desde la Montaña Oriental leonesa, el alcalde de Burón, Pedro Laos Álvarez, explica que en el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre la competencia de la prevención de incendios es de la Junta de Castilla y León. «Qué plan de gestión necesito hacer yo si la gestión del parque es competencia de la Junta», se pregunta el regidor, quien recuerda que les informaron de que el personal venía a salvar los pueblos y lo demás daba igual que se quemase y «ahora las responsabilidades pueden ser de los ayuntamientos. Esto es un caos total». Laos señala que la Diputación de León está haciendo los convenios para formar bomberos para los pequeños pueblos «porque los pueblos no pueden asumir este coste y pretende ahora tengamos que mantener el parque. Ya era lo que nos faltaba». Añade que ahora tiran de la Ley de Montes «pero esa ley la aplican cuando les interesa a ellos». Por su parte, el alcalde de Posada de Valdeón, Felipe Campo, insiste en que los ayuntamientos «no tenemos capacidad para tener una brigada de incendios. Contamos con mangueras y poco más». Insta a que todas las administraciones se coordinen para buscar soluciones y abandonar las políticas de los ecologistas que no permiten corta una rama. «Hay que tener limpio los caminos para que puedan entrar las brigadas», asevera el regidor, una postura que coincide con la del alcalde de Boca de Huérgano, Oscar Fernández, que remarca que «no nos deja cortar ni una rama».

En cambio, el presidente de la mancomunidad de Riaño, Manuel Herrero, pide que la Fiscalía investigue porque la responsabilidad de los pueblos es de la Diputación de León y de los montes de la Junta de Castilla y León. «No hay ninguna responsabilidad de los pueblos. Llevamos pidiendo que se limpien las pistas y los ríos una década», recalca.

Desde el Bierzo habla el alcalde de Carucedo, Alfonso Fernández, quien asegura que «los ayuntamientos pequeños no tenemos planes de incendios. Nosotros estamos al tanto de las necesidades de los vecinos con todos los efectivos municipales: secretario, administrativo, técnico urbanístico y los trabajadores, y ahora no podemos valorar lo de las obligaciones ‘previas’ a lo sucedido. Entiendo que la fiscalía estará en ello porque puede que vea esas responsabilidades».

En el escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal jefe de dicha Fiscalía Especializada, Antonio Vercher, considera que «es evidente» que «la situación que en este momento (agosto 2025) estamos sufriendo es debido a la ausencia o, en su caso, la aplicación improcedente de los planes de prevención de incendios». «De lo contrario no se explica lo que está pasando», señala. Así las cosas, insta a los fiscales provinciales a exigir responsabilidades penales a quienes han tenido la «obligación» de elaborar dichos planes de prevención y no lo hayan hecho. Y apunta además que, en los casos en los que la actuación no pueda ser constitutiva de delito, pueden informar a la «administración sancionadora» correspondiente. El fiscal ya ha reiterado que la prevención en incendios es una prioridad para su departamento.