La ULE constata las debilidades que tiene la Transición Justa con León

Un estudio liderado por Pablo García García, investigador del grupo de Economía Aplicada de la Universidad de León (ULe), advierte de importantes limitaciones en los planes nacionales de transición energética justa impulsados por el Gobierno español, especialmente en zonas como la provincia de León, históricamente dependiente del carbón y la producción termoeléctrica.

Publicado recientemente en la ‘Revista de Ciencia Política’, el trabajo analiza los Convenios de Transición Justa (CTJ), principal herramienta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) para gestionar el abandono de instalaciones fósiles y nucleares.

Aunque el objetivo es movilizar recursos locales y atraer inversiones, el estudio identifica tres grandes áreas de debilidad: concepto y diseño, diagnóstico y participación pública.

Según García García, los CTJ se centran casi exclusivamente en cuantificar los empleos perdidos en el momento del cierre de las instalaciones, ignorando el impacto histórico y los efectos indirectos.

En León, por ejemplo, se contabilizan 960 empleos afectados, pero el estudio recuerda que entre 1990 y 2009 se destruyeron más de 45.000 puestos de trabajo en el sector minero.

Además, se critica la ausencia de análisis sobre la calidad del empleo generado en la transición, un aspecto clave para garantizar que los nuevos trabajos no sean precarios. «La justicia no se alcanza solo con compensar empleos perdidos, sino con crear oportunidades dignas y sostenibles», señala el autor.

El estudio también cuestiona la fiabilidad de los diagnósticos realizados en los CTJ. Muchos indicadores, como el nivel educativo, se basan en datos del censo de 2011, lo que impide reflejar la evolución reciente de las zonas afectadas.

Asimismo, el uso de análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) presenta altos niveles de redundancia y coincidencia entre áreas, lo que limita su utilidad para diseñar políticas específicas.

García-García propone que se establezca una estrategia de datos previa a la planificación de la transición, que garantice información actualizada y específica a nivel municipal.

En cuanto a los procesos participativos, el estudio denuncia que los CTJ no han recogido adecuadamente las preocupaciones de los movimientos sociales que se oponen a la instalación masiva de energías renovables en zonas rurales. En León, estos conflictos giran en torno al desplazamiento de agricultores, la gestión de montes comunales y el impacto paisajístico de las nuevas infraestructuras. «La transición energética no puede ignorar los efectos ambientales y sociales del cambio de uso del suelo», pone de relieve el investigador, quien también señala la falta de concreción en las medidas de igualdad de género, a pesar de que el Miteco reconoce su importancia.

El estudio concluye que los planes españoles deben adoptar un enfoque más holístico, que combine justicia social, sostenibilidad ambiental y participación democrática.

También recomienda flexibilizar los criterios territoriales para evitar exclusiones injustas y mejorar la coordinación entre niveles administrativos.

La experiencia de León se presenta como un laboratorio clave para evaluar y corregir los errores del modelo actual, según la investigación.