El lobo se empieza a extinguir
La reciente extinción del lobo ibérico en Sierra Morena, confirmada oficialmente en 2023 pero ocurrida de facto en torno a 2017, ha sido documentada en un estudio recientemente publicado en la revista científica 'Biological Conservation' como un caso paradigmático de fracaso en conservación

Un lobo ibérico en mitad de la nieve.
La reciente extinción del lobo ibérico en Sierra Morena, confirmada oficialmente en 2023 pero ocurrida de facto en torno a 2017, ha sido documentada en un estudio recientemente publicado en la revista científica 'Biological Conservation' como un caso paradigmático de fracaso en conservación.
El trabajo al que ha tenido acceso EFE, firmado por los investigadores José María Gil Sánchez, Javier Rodríguez Siles, Miguel Ángel Díaz Portero, Miguel Rico y Luis Llaneza, reconstruye en detalle el proceso que llevó a la desaparición de la población más meridional del lobo ibérico en Europa, pese a estar amparada por una estricta protección legal desde 1985.
Los autores advierten de que este caso debe servir como una seria advertencia para otras regiones con presencia de lobo, como Castilla y León, donde la especie mantiene una población significativa.
De acuerdo con el estudio, "la protección legal por sí sola no garantiza la conservación si no va acompañada de rigor científico, transparencia y voluntad política real".
Durante décadas, las estimaciones oficiales situaban la presencia del lobo en Sierra Morena en torno a seis u ocho manadas, con entre cuarenta y cincuenta individuos.
Sin embargo, el estudio demuestra que estas cifras estaban muy por encima de la realidad, al basarse en métodos poco rigurosos como entrevistas y observaciones no verificadas. Esta falta de precisión generó una falsa percepción de estabilidad, cuando la población ya se encontraba al borde del colapso.
El análisis también señala que las administraciones autonómicas responsables carecieron de capacidad técnica para evaluar adecuadamente el asesoramiento científico recibido.
Estudios de campo rigurosos que alertaban desde los años noventa sobre la situación crítica del lobo fueron ignorados, y no se promovió un debate científico abierto que permitiera contrastar datos y corregir errores. En lugar de fomentar la confrontación de evidencias entre equipos de investigación, se optó por respaldar visiones más optimistas que no reflejaban la realidad sobre el terreno.
A pesar de contar con financiación europea a través de programas LIFE y de estar incluido en espacios protegidos como la Red Natura 2000, el enfoque de conservación fue tardío e inadecuado.
Las acciones se centraron en mitigar daños al ganado y mejorar la percepción pública, sin abordar la viabilidad demográfica ni genética de la especie. Además, nunca se declaró oficialmente al lobo de Sierra Morena como especie "en peligro de extinción", lo que habría obligado a elaborar un plan de recuperación con medidas vinculantes.
El estudio también apunta a la influencia de los sectores ganadero y cinegético en la toma de decisiones, que dificultaron la adopción de medidas más firmes. La falta de mecanismos de supervisión independientes y la ausencia de transparencia en la gestión contribuyeron a que la protección legal quedara en papel mojado.
Los investigadores instan a no repetir los errores cometidos en el sur en el noroeste peninsular, donde el lobo ibérico ocupa un papel clave en los ecosistemas. Castilla y León, que alberga una de las principales poblaciones de lobo en Europa, enfrenta retos similares: presión cinegética, conflictos con la ganadería extensiva y debates sobre su gestión.
En este contexto, el estudio subraya la necesidad de incorporar la ciencia independiente en los procesos de toma de decisiones, garantizar el acceso público a los datos y fomentar la publicación en revistas científicas revisadas por pares.
"La extinción del lobo en Sierra Morena no es solo una pérdida ecológica, sino una llamada de atención para evitar que se repita en otras regiones", concluyen los autores. Su trabajo plantea recomendaciones concretas para mejorar la conservación de especies amenazadas, entre ellas la obligación legal de contar con supervisión científica independiente y la implementación de medidas basadas en evidencias verificables.

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