Las comunidades loberas se fracturan en la gestión de la especie tras el cambio legal
Mientras que Castilla y León no autoriza controles, Asturias y Cantabria ya han abatido 37 ejemplares
El pasado mes de abril el Congreso aprobó una enmienza para rebajar el estatus de protección del lobo en todo el territorio nacional.
Desde la retirada de la protección al norte del Duero, Asturias y Cantabria aplican sus planes de control, mientras Castilla y León mantiene el pulso al Ministerio por la falta de comunicación a Bruselas del nuevo estatus de conservación. Galicia y La Rioja permanecen, por ahora, sin capacidad de actuación.
La situación del lobo ibérico ha entrado en una nueva etapa desde que el pasado 2 de abril de 2025 el Boletín Oficial del Estado publicara la conocida como Ley del Desperdicio Alimentario, que incluyó una enmienda de PP, Vox y otros partidos que retiraba la protección del lobo al norte del río Duero. La medida, que devuelve a las comunidades autónomas la capacidad de gestión directa de la especie, ha generado un mapa desigual de actuaciones en el noroeste peninsular, con Asturias y Cantabria aplicando ya planes de control, mientras Castilla y León, Galicia y La Rioja aguardan definiciones administrativas y judiciales para concretar sus políticas. El nuevo escenario, lejos de aportar estabilidad, ha abierto un periodo de fuertes tensiones entre gobiernos, organizaciones conservacionistas y sectores ganaderos, que afrontan el momento con percepciones radicalmente distintas sobre el futuro de la especie.
En Castilla y León, la comunidad con mayor población de lobos —concentrada en León, Zamora y Burgos—, no se ha autorizado todavía ningún control al amparo de la nueva legislación. Desde la Consejería de Medio Ambiente se insiste en que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aún no ha comunicado a la Comisión Europea el nuevo estatus del lobo como especie con conservación favorable, lo que impide formalmente iniciar un plan autonómico. Mientras el número de ataques al ganado continúa en aumento y el malestar del sector ganader, que reclama medidas urgentes de control y compensación, la Junta se muestra prudente y reacia a actuar sin que Bruselas haya recibido una comunicación oficial que garantice la cobertura legal.
En Asturias, el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, ha activado el Plan de Gestión del Lobo mediante un programa vigente hasta marzo de 2026, que contempla la extracción de un máximo de 53 ejemplares. Hasta la fecha se han abatido doce lobos y se han contabilizado otros ocho muertos por causas naturales o accidentales, situando el cumplimiento del programa entorno al 38%. Marcos anunció además que se están tramitando expedientes para organizar cacerías fuera de las reservas regionales, con el objetivo de reforzar el control poblacional y dar respuesta a las demandas sector ganadero.
El consejero insistió en que todas las actuaciones «se desarrollan con total legalidad y bajo el amparo del plan autonómico», subrayando que la responsabilidad jurídica recae sobre la administración y no sobre los cazadores que particpen. No obstante, reconoció que el método más eficaz continúa siendo el abatimiento por agentes medioambientales, ya que muchas de las cacerías autorizadas no se celebran por falta de participantes o por el temor a problemas legales.
En Cantabria, el Ejecutivo autonómico mantiene un planteamiento similar. Su Plan de Gestión del Lobo, mediando una Resolución que estableció un cupo para 2025/2026, autoriza la caza de hasta 41 ejemplares, de los cuales 25 ya han sido abatidos en lo que va de año. Desde el Gobierno cántabro defienden la medida como «una herramienta de control necesaria para proteger la ganadería y mantener el equilibrio ecológico», mientras las organizaciones ecologistas denuncian lo que consideran «un retroceso en la protección de la especie». En este contexto, la Asociación para la Conservación y el Estudio del Lobo Ibérico (Ascel ) mantiene abiertos recursos de casación ante el Tribunal Supremo tanto en Cantabria como en Asturias, después de que se desestimaran las medidas cautelares solicitadas. Se trata de una maniobra jurídica poco habitual, que subraya el grado de excepcionalidad e incertidumbre en el que se mueve actualmente la gestión del lobo.
Su responsable ambiental, Ignacio Martínez, subraya que «Ascel está confiada no solo en la inconsistencia, sino en el esperpento de la Ley del Desperdicio en lo tocante al lobo, y esperamos una decisión lógica del Tribunal Constitucional por varios motivos sólidos». La organización ha solicitado personarse en el recurso de inconstitucionalidad —admitido por unanimidad por el Tribunal Constitucional—, ya que, como explica Martínez, «el procedimiento tiene directamente que ver con el papel de Ascel en la protección del lobo, y así somos citados».
Además, añade que en Asturias y Cantabria mantienen abiertos procedimientos adicionales ante la jurisdicción Contencioso-Administrativa para obtener información completa sobre las muertes de lobos registradas este año. «Ambos gobiernos nos negaron esos datos y estamos decididos a obtenerlos». El portavoz insiste en que «Ascel dispone de la fuerza y de la voluntad para agotar todas las vías administrativas y jurisdiccionales para mantener la protección lograda del lobo», y recalca que «la situación demuestra que la protección no solo era justificada, sino estrictamente necesaria». Para Martínez, la pérdida del lobo supondría un retroceso ecológico inadmisible: «España no puede perder el papel del lobo; no podemos perder calidad de vida ni poner en riesgo nuestra biodiversidad».