Pablo Rodríguez, ingeniero minero: "Más inspecciones no habrían detectado la extracción ilegal en la mina de Cerredo si se quería ocultar"
En el accidente murieron cinco mineros leoneses
Instalaciones de Cerredo tras el accidente que mató a cinco mineros leoneses.
El representante del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España (Coimne), Pablo Rodríguez, ha asegurado ante la comisión de investigación de la Junta General del Principado de Asturias que, aunque se hubieran multiplicado las inspecciones en la mina de Cerredo (Degaña), estas no habrían servido para descubrir la extracción ilegal de carbón si los responsables de la explotación tenían intención de ocultarla. «¿Cuántas más inspecciones? ¿5, 10, 15…? El delincuente seguiría teniendo 200 días al año para delinquir», respondió Rodríguez cuando se le cuestionó si era razonable que la empresa solo hubiera recibido una inspección en los nueve meses previos al accidente del pasado 31 de marzo, en el que murieron cinco mineros leoneses y otros cuatro resultaron heridos por una explosión de grisú.
Rodríguez subrayó las especiales dificultades de detección en este tipo de explotaciones subterráneas cuando existe voluntad de ocultación, y recordó que la empresa Blue Solving S.L. solo contaba con autorización para un proyecto de investigación sobre usos alternativos del carbón (posible fabricación de grafito), no para su extracción.
El experto también señaló que los actuales gestores de la mina tienen la misma raíz familiar que los de Combustibles Asturiana y Leonesa SL, empresa que en 2021 sufrió otro accidente mortal en la misma explotación mientras extraía carbón sin permiso.
En aquel caso la sanción impuesta fue de 20.000 euros, reducida a 12.000 por pronto pago, cantidad que los miembros de la Comisión de Seguridad Minera calificaron de «ridícula».
Pablo Rodríguez recordó que los directores facultativos son plenamente conscientes de los riesgos legales y éticos que asumen al incumplir el Reglamento General de Normas Básicas de Explotación Minera y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Además, confirmó que la Comisión de Seguridad Minera del Principado —órgano meramente consultivo y sin carácter vinculante— está integrada por los mismos miembros que la comisión especial creada tras el accidente de marzo, que permanece inactiva a la espera de los informes definitivos sobre lo ocurrido.