La Red Española de Turismo Rural, en pie de guerra por Airbnb
Solicitan a las administraciones "un marco normativo sólido" que "frene la expansión descontrolada de viviendas turísticas en los pueblos"
Aplicación de Airbnb.
La Red Española de Turismo Rural consideró la estrategia desarrollada por la plataforma Airbnb, que puebla “masivamente” los pueblos de España de viviendas vacacionales y apartamentos turísticos, “un riesgo” para el modelo de turismo rural que “lleva años” asentado en estas localidades del interior de España.
En un comunicado recogido por Ical, la Red Española de Turismo Rural, conformada por asociaciones de Aragón, Asturias, Cantabria, Cataluña, Castilla y León, La Rioja y País Vasco, expresó su “preocupación” por la estrategia de expansión de la plataforma a los pueblos del interior de España durante la reciente reunión mantenida por estas asociaciones en la Feria Internacional del Turismo de Interior (Intur), celebrada en Valladolid.
La Red considera así que la estrategia de expansión de Airbnb a los municipios del interior “no representa una oportunidad, sino una amenaza estructural para el desarrollo sostenible del medio rural”, ya que la expansión de viviendas de uso turístico en los pueblos puede suponer “un aumento de la especulación y una pérdida de control sobre la actividad, alejándola de la población local y de su función social en los pueblos”.
“El turismo rural no puede quedar en manos de operadores externos que no tienen arraigo en el territorio”, sostuvo la Red, que recordó además que el sector del turismo rural “ha sido clave para fijar población, conservar el patrimonio y mantener viva la identidad cultural de muchas comarcas”.
Por ello, y para evitar “desigualdades” entre operadores, la Red Española de Turismo Rural reclama una regulación “clara, homogénea y exigente” en todas las comunidades autónomas de España, con el objetivo final de “garantizar la igualdad de condiciones, la protección del viajero y el respeto al entorno”.
También solicitan, por último, que las administraciones públicas “refuercen la inspección, la fiscalidad y el control de las plataformas digitales” como Airbnb, con el objetivo de “evitar prácticas irregulares y asegurar que la actividad turística se desarrolla con garantías”, así como “un marco normativo sólido que frene la expansión descontrolada de viviendas turísticas en los pueblos”.