La derogación de los decretos ley de incendios, publicadas en el Bocyl
El debate y votación sobre ambas normas se produjo el pasado 26 de noviembre en el pleno de las Cortes
Incendios de Yeres e Igüeña, en León.
La derogación por parte de las Cortes de Castilla y León de los decretos leyes con los que la Junta pretendía modificar el operativo de prevención y extinción de incendios forestales ha sido publicada este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León, más de una semana después de la no convalidación por parte del Legislativo.
En concreto, estas resoluciones de las Cortes se refieren a la derogación del Decreto-Ley 1/2025, de medidas urgentes en materia de incendios forestales relativas al personal al servicio de la Administración de la Comunidad de Castilla y León -que era promovido por la Consejería de la Presidencia- y del Decreto-Ley 2/2025, de medidas urgentes frente al riesgo de incendios forestales -impulsado por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio-.
El debate y votación sobre ambas normas se produjo el pasado 26 de noviembre en el pleno de las Cortes, donde la oposición en bloque tumbó las pretensiones de la Junta de Castilla y León sobre la modificación de hasta cuatro leyes autonómicas, entre otras normativas, mientras que únicamente el PP y los dos procuradores no adscritos (exparlamentarios de Vox) votaron a favor de la convalidación.
Tras la derogación, la Junta de Castilla y León ha acusado a la oposición de actuar por intereses electorales y también ha avisado de que, ante la campaña de incendios de 2026, "cada cual tiene que asumir su responsabilidad", en palabras del portavoz del Ejecutivo, Carlos Fernández Carriedo.
En el mismo Boletín Oficial de Castilla y León ha quedado también publicada la Ley 2/2025, de bonificaciones fiscales de las tasas veterinarias, de las tasas de caza y pesca y de la tasa por expedición de los certificados de profesionalidad, acreditaciones parciales acumulables y expedición de duplicados.
Esta norma fue aprobada también el pasado 26 de noviembre en el pleno de las Cortes de Castilla y León, con una amplia mayoría formada por los votos de PP -grupo proponente-, PSOE, Vox, UPL-Soria Ya y Por Ávila, aunque entre reproches de la oposición por entender que la presentación de esta ley tenía que ver con el hecho de que la Junta no haya aprobado el habitual proyecto de ley de medidas fiscales vinculado al presupuesto, que finalmente fue rechazado por las Cortes hace dos semanas.
El artículo único de esta norma, tramitada por la vía de urgencia de la lectura única, plantea en concreto la prórroga hasta 2027 de las bonificaciones sobre las cuotas de la tasa por prestación de servicios veterinarios y de la tasa por expedición o reconocimiento de licencias quinquenales de caza de la clase A y B y de la licencia quinquenal de pesca y de la exención de la tasa por expedición de certificados de profesionalidad, acreditaciones parciales acumulables y expedición de duplicados.
En la votación, únicamente rechazaron el texto dos de los tres integrantes del Grupo Mixto, el exvicepresiente de la Junta Francisco Igea y el representante de Unidas Podemos Pablo Fernández.