Diario de León

El Gobiermo impulsa la inclusión del lobo en el Libro Rojo de especies vulnerables

La comunidad científica respalda la catalogación por el deterioro de la única población ibérica

Fernández Gil pone el acento en el papel ecológico del lobo como depredador apical.

Fernández Gil pone el acento en el papel ecológico del lobo como depredador apical.ical

María Carnero
León

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Después de su polémica salida del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), la población ibérica de lobo será incluida en el Libro Rojo de las Especies Vulnerables, una catalogación que, según explica el ecólogo Alberto Fernández Gil, investigador de la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), «se apoya en un proceso científico reglado y en la mejor información disponible, muy alejado de decisiones políticas o territoriales».

Fernández Gil, que participó recientemente en una jornada celebrada en la Facultad de Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León, sobre la afección de los incendios forestales de este verano a las especies más emblemáticas de la Cordillera Cantábrica, subrayó que «ni las comunidades autónomas ni las provincias tienen capacidad técnica ni la competencia legal para determinar el estado de conservación de una especie». «El estado de conservación lo fija el Estado español, por encargo de la Comisión Europea, y lo hace a partir de un procedimiento muy automatizado, con escaso margen para la manipulación de datos», explica. Esta evaluación se realiza a escala nacional, por región biogeográfica o, idealmente, por población. «Y en el caso del lobo, solo existe una única población ibérica, compartida entre España y Portugal». Además de los datos remitidos por las comunidades autónomas, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) incorpora información científica especializada procedente de publicaciones en revistas internacionales, como la variabilidad genética, el grado de endogamia, la distribución histórica, el tamaño efectivo de la población o el hábitat disponible que no está ocupado. «Ese conocimiento no lo aportan las administraciones autonómicas, sino la comunidad científica», recalca. En este marco, el Miteco ha encargado a la Sociedad Española para la Conservación y Estudio de los Mamíferos (Secem) la actualización del Atlas de Mamíferos y del Libro Rojo, un trabajo que realizan especialistas de referencia en cada especie y que exige demostrar el cumplimiento de alguno de los numerosos criterios establecidos para cada categoría. A ello se suma la evaluación de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), cuyos requisitos son complejos y solo parcialmente coincidentes con los del Libro Rojo. «Aunque todavía no es oficial, puedo adelantar que en ambos casos la población ibérica de lobo ha sido considerada vulnerable», afirma. Paralelamente, desde la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC) se ha presentado una alegación al Miteco solicitando que el lobo sea incluido también en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en la categoría de vulnerable. «Entendemos que cumple claramente los criterios, y desde luego los necesarios para figurar en el Listado», señala el investigador. Fernández Gil pone el acento en el papel ecológico del lobo como depredador apical, un grupo de especies que «no está adaptado a soportar altas tasas de mortalidad derivadas de la persecución humana». Por este motivo, recuerda, todos los grandes depredadores de España están estrictamente protegidos, como el oso pardo, el lince ibérico, la nutria, la orca o grandes rapaces y carroñeras, independientemente de que su estado de conservación sea favorable o no. «Todos, menos el lobo, y eso supone una anomalía biológica y también social», advierte. El ecólogo concluye apelando a la responsabilidad institucional. «Si como país nos dotamos de normas, criterios y mecanismos para proteger la biodiversidad, lo que corresponde es aplicarlos. No hacerlo es una dejación de responsabilidades».

Pulso de la Junta para asumir la gestión

La Junta de Castilla y León estudia acudir a los tribunales para obligar al Gobierno a convocar la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente y aprobar el informe sexenal sobre la situación del lobo, que considera favorable. El objetivo es que el documento sea remitido a la Unión Europea y permita flexibilizar la gestión de la especie ante el aumento de ataques a la ganadería. Según explicó recientemente el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones a Ical, el Ejecutivo central no ha enviado el informe en todo 2025, pese a ser obligatorio. En el primer semestre del año se han registrado 1.991 ataques del lobo, con 2.628 cabezas de ganado muertas, en su mayoría vacuno, y se prevé cerrar el ejercicio con cifras similares a las de 2024. La Junta defiende la necesidad de controlar la población del lobo para reducir los daños y la presión sobre los ganaderos, y acusa al Gobierno de mantener una postura ideológica que impide cualquier gestión. Además, denuncia el incumplimiento de los compromisos económicos para compensar los daños. Castilla y León sostiene que el último censo refleja un aumento de manadas y un estado de conservación favorable, pero mientras el informe no sea aprobado y enviado a Bruselas, la normativa europea impide aplicar medidas de control sobre la especie. Además, el consejero recordó que la Junta fue clave para impulsar en Europa cambios normativos que permiten una mayor flexibilidad en la gestión del lobo, tanto a través de la modificación de la directiva comunitaria como mediante una enmienda en la legislación nacional. Sin embargo, subrayó que estos avances quedan sin efecto mientras siga vigente en Bruselas el informe de 2018, que calificaba de desfavorable el estado de conservación de la especie. Por último, advirtió de que la falta de actuación del Gobierno mantiene a las comunidades autónomas «atadas de manos» y sin capacidad real para intervenir, pese al incremento de la población de lobos y de los daños al sector ganadero. En este contexto, insistió en que la vía judicial se plantea como último recurso para garantizar el cumplimiento de la normativa europea y proteger la ganadería en el medio rural.
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