Babia reclama el fin de un siglo de ocupación ilegal en el Puerto de Pinos
Babia anuncia una campaña política y social para exigir la expropiación de los terrenos a Mieres
Leandro Hidalgo, David Marcello, Carlos González-Antón y Pedro Álvarez, este jueves.
El Ayuntamiento de San Emiliano, junto a las juntas vecinales de Babia con derechos históricos en los puertos de Pinos —Candemuela, Pinos, San Emiliano y Villargusán—, la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores y la Asociación Montaña de Babia y Luna, ofrecieron este miércoles una rueda de prensa para denunciar el conflicto histórico por el Puerto de Pinos, que mantienen con el Ayuntamiento de Mieres desde hace exactamente cien años, y para anunciar el lanzamiento de una campaña en redes sociales para exigir la implicación de los partidos políticos en su resolución.
El conflicto se remonta a 1926, cuando el Ayuntamiento de Mieres adquirió más de mil hectáreas de terreno en plena Babia, dentro de la provincia de León, con el objetivo de desarrollar su política ganadera. Desde entonces —según explicaron— la administración asturiana ha venido actuando de forma absolutamente ilegal, al ejercer competencias fuera de su término municipal y de su comunidad autónoma. Una situación que, recalcaron, vulnera la Constitución española, el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, la legislación de régimen local y la normativa ganadera vigente.
El abogado Carlos González Antón subrayó que todos los tribunales que han tenido ocasión de pronunciarse sobre este conflicto han reconocido su ilegalidad, calificándolo incluso como una «vía de hecho». A pesar de ello, lamentó que durante un siglo las administraciones provinciales y autonómicas de Castilla y León no hayan puesto fin a esta anomalía institucional por la única vía posible, la expropiación de los terrenos propiedad del Ayuntamiento de Mieres.
González Antón alertó además de que, de cara al verano de 2026, el Ayuntamiento de Mieres y los ganaderos asturianos se estarían organizando para volver a subir su ganado a los puertos de Babia, pese a la existencia de sentencias firmes que declaran ilegal dicha actividad. Recordó que se trata de más de mil hectáreas integradas en un espacio de altísimo valor ambiental y ganadero, incluido en un parque natural, reserva de la biosfera y Red Natura 2000, lo que agrava aún más la situación.
En su intervención, el alcalde de San Emiliano, David Marcello, expresó el profundo hartazgo del municipio tras cien años de ocupación ilegal. Reclamó a la Diputación de León, a la Junta de Castilla y León y al Estado que asuman de una vez su responsabilidad y actúen. Marcello insistió en que el hecho de encontrarse en periodo de precampaña electoral y la incertidumbre sobre la constitución de un nuevo gobierno autonómico no pueden servir de excusa para seguir retrasando la tramitación de la expropiación ni para permitir un año más la subida de ganado asturiano a los puertos leoneses. «El propio presidente Alfonso Fernández mañueco se comprometió hace justo un año a buscar una solución definitiva, y todavía estamos esperando», recordó.
Compromiso firme
El alcalde anunció que, ante esta situación, los grupos municipales del Ayuntamiento de San Emiliano, las juntas vecinales afectadas y las entidades comarcales impulsarán una campaña en redes sociales para exigir a todos los partidos políticos un compromiso firme. El objetivo es que, coincidiendo con el centenario de la ocupación, se posicionen no solo a favor del cumplimiento de la ley, sino también de la defensa de la ganadería y del medio ambiente de Babia.
Cerró la comparecencia el presidente de la Junta Vecinal de Villargusán, Pedro Álvarez, quien ofreció un testimonio personal del desgaste que ha supuesto este conflicto a lo largo de generaciones. Álvarez recordó que el problema ya lo sufrieron sus abuelosm y «ahora mi nieto», y que tras más de veinte años de lucha judicial, el cansancio y la frustración son evidentes ante la falta de avances reales por parte de las administraciones.
Durante la rueda de prensa se detalló también la situación judicial actual del que calificaron como «el mayor conflicto territorial que tiene Castilla y León», se explicó el planteamiento de la campaña de presión social y política y se concretaron las exigencias a los partidos, como el inicio «inmediato» la expropiación de los puertos de Pinos e impedir cualquier nuevo aprovechamiento ganadero «ilegal» por parte de Mieres, poniendo fin de una vez a «un siglo de anomalía institucional en Babia».