Licencia interautonómica del Gobierno para caza y pesca en aguas interiores
El convenio de Licicaz aporta simplificación administrativa
La temporada de pesca contará con caudales muy aprovechables tras un invierno humedo.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa) anunció este martes la firma de un convenio con Castilla y León, y otras nueve comunidades autónomas, para el establecimiento de las licencias interautonómicas de caza y de pesca en aguas continentales.
Gracias a este acuerdo, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) las personas cazadoras y pescadoras podrán practicar estas actividades en todo el territorio abarcado por las comunidades firmantes utilizando una única licencia, sin necesidad de realizar trámites individuales en cada comunidad.
El presente convenio, que sustituye al marco legal de 2017, supone un avance «muy significativo», según fuentes ministeriales, al incorporarse las comunidades de Castilla-La Mancha y Andalucía, que no suscribieron el anterior. Además de Castilla y León, repiten Aragón, Comunitat Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Principado de Asturias y Región de Murcia.
Colaboración
El convenio establece un marco de colaboración técnica y económica para facilitar la movilidad de los usuarios. Las licencias que se expidan tendrán un año de validez y un coste fijo de 70 euros para las de caza y 25 euros para las de pesca en aguas interiores. Las inhabilitaciones por infracciones en una comunidad serán compartidas automáticamente en todas las demás.
La operatividad del sistema se apoya en la plataforma Licicaz-web, desarrollada y mantenida por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Esta herramienta permite un intercambio automático de información entre las administraciones y permite a los técnicos gestionar altas, bajas y verificar requisitos en tiempo real.
El Departamento que lidera Luis Planas ha explicado que esta medida no solo reduce la burocracia, sino que garantiza una gestión sostenible y compatible con el dinamismo económico de las zonas rurales y responde a los principios de eficacia y eficiencia en el uso de los recursos públicos.
De esta forma, la iniciativa gubernamental facilitará la colaboración tanto a nivel técnico como económico con el fin de simplificar la movilidad de los usuarios de las autonomías que han suscrito el acuerdo con el Mapa.