Junta y Diputación se desentienden de la reparación de la carretera de acceso al CTR
El cruce de responsabilidades bloquea el arreglo de una vía que soporta 47.786 usos anuales
Los más de cinco kilómetros de vía presentan numerosos baches.
Los trabajadores del Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega han intensificado su presión para lograr la reparación urgente del vial que conecta las instalaciones con la carretera N-120, denunciando una situación que califican de insostenible tanto desde el punto de vista de la seguridad vial como laboral. La reclamación, formalizada por el presidente del comité de empresa, Fernando Abella García, pone el foco en el grave deterioro de una infraestructura clave para el funcionamiento del principal complejo de tratamiento de residuos de la provincia.
El acceso al CTR, con una longitud exacta de 5,3 kilómetros, soporta un volumen de tráfico muy elevado que, según los datos aportados por el comité, alcanza las 23.893 entradas anuales. Esta cifra, al considerar también las salidas, se traduce en cerca de 47.786 tránsitos cada año. Se trata, además, de un tráfico mayoritariamente pesado, compuesto por camiones encargados de transportar los residuos de toda la provincia, junto a vehículos de la plantilla y de empresas externas. Este uso intensivo somete al firme a un desgaste continuo que, según denuncian, no ha sido acompañado de las labores de mantenimiento necesarias por parte de la administración responsable.
El resultado es un vial con numerosos baches, grietas profundas y zonas muy deterioradas que dificultan la circulación y aumentan considerablemente el riesgo de accidentes. Para los 170 trabajadores que acceden diariamente al centro, esta situación supone una amenaza directa a su integridad física, además de provocar daños recurrentes en sus vehículos particulares. El comité de empresa ha sido especialmente contundente al calificar este escenario como un riesgo laboral evidente, tanto en los desplazamientos al trabajo como durante la jornada en misión, advirtiendo de que cualquier incidente será puesto en conocimiento de la Inspección de Trabajo para exigir responsabilidades.
En su escrito, los representantes de los trabajadores no solo denuncian el estado de la vía, sino que también subrayan lo que consideran una falta de respuesta institucional. Por ello, han solicitado de manera formal una inspección técnica urgente de todo el tramo por parte del servicio de Vías y Obras, la elaboración de un plan integral de reasfaltado que incluya la reparación estructural del firme y la señalización inmediata de los puntos más peligrosos, así como la certificación oficial de la administración competente sobre este vial, un aspecto clave ante la posibilidad de emprender acciones legales.
Además, el comité ha lanzado una advertencia clar, ya que si en un plazo de diez días hábiles no reciben un compromiso por escrito que incluya un calendario de actuaciones, trasladarán la situación a la opinión pública, denunciando lo que consideran una «desidia institucional» ante la seguridad de los trabajadores y el riesgo de colapso del acceso a una infraestructura esencial para la gestión de residuos en la provincia.
El conflicto se ha visto agravado por la falta de claridad sobre la titularidad de la carretera, lo que ha derivado en un cruce de responsabilidades entre administraciones. Desde la Junta de Castilla y León se ha comunicado que el vial no forma parte de su red de carreteras y que, por tanto, no pueden asumir su mantenimiento, señalando además que desconocen quién es el titular de la infraestructura. Por su parte, la Diputación de León ha respondido en sentido contrario, afirmando que el acceso no pertenece a la red provincial y atribuyendo su titularidad a la administración autonómica, motivo por el cual rechaza cualquier intervención.
Esta situación de bloqueo administrativo deja sin solución inmediata un problema que afecta directamente a la seguridad de los trabajadores y al funcionamiento diario del CTR. La falta de una administración que asuma de forma clara la titularidad y el mantenimiento del vial pone de relieve una problemática más amplia en la gestión de infraestructuras secundarias, donde la indefinición competencial puede derivar en largos periodos de abandono.
Mientras tanto, los trabajadores continúan transitando diariamente por una carretera en condiciones precarias, soportando las consecuencias de una situación que consideran evitable. El caso de San Román de la Vega se convierte así en un ejemplo de cómo la falta de coordinación institucional puede traducirse en riesgos reales para la ciudadanía, especialmente cuando se trata de accesos a instalaciones estratégicas para el servicio público y el equilibrio medioambiental de toda una provincia.