El TSJ de Asturias anula el programa anual de control del lobo 2025-26
Solo autoriza su caza «cuando constituya la única solución para evitar daños al ganado»
Imagen de archivo de un lobo ibérico. EFE/Mariam A. Montesinos.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) ha estimado la demanda de Ecologistas en Acción y del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico y ha declarado contrario a derecho el programa anual de control del lobo 2025-2026 aprobado por la Consejería de Medio Rural en abril del pasado año. Las asociaciones recurrentes alegaban que la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre) en 2021 supuso la derogación de las disposiciones autonómicas que se opusieran a la misma.
El TSJA alude a los pronunciamientos del Tribunal Supremo y concluye que el programa anual del control del lobo no puede asentarse válidamente en el II Plan de Gestión del lobo en el Principado de Asturias puesto que «carece de eficacia alguna». El Tribunal Supremo ya anuló el pasado mes de febrero el plan de control del lobo aprobado por el Gobierno asturiano en 2022 al estimar el recurso presentado por la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (Ascel), y que inicialmente fue desestimado por el TSJA. La sentencia del Supremo expuso que la inclusión de todas las poblaciones de lobo del territorio nacional en el grado de protección estricta es incompatible con el establecimiento de medidas de gestión para la extracción o captura de ejemplares, sin perjuicio de las autorizaciones individuales al concurrir las excepciones previstas la ley.
El Supremo solo autoriza su caza «cuando constituya la única solución para evitar daños al ganado» y apunta que las medidas de gestión que incluyan la muerte de ejemplares «deben someterse a unas rigurosas condiciones». Tras el análisis de aquel pronunciamiento judicial, el Gobierno del Principado suspendió la aplicación del programa 2025-2026 y prevé elaborar un nuevo decreto que adecue la normativa a la sentencia del Supremo.
El anterior plan 2025-2026, que autorizaba la eliminación de un máximo de 53 ejemplares y que finalizaba el 31 de marzo, se ejecutó al 80% antes de su suspensión, con 31 lobos abatidos a los que hay que sumar 11 fallecidos por otras causas. El coordinador del Fondo para la Protección del Lobo Ibérico, Ernesto Díaz, ha valorado la nueva sentencia como «una victoria significativa para la protección del lobo en España».
Desde el Gobierno
Por otro lado, el Gobierno someterá a información pública toda la documentación relacionada con el informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo antes de convocar la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para su aprobación y, en su caso, remisión a Bruselas, ha explicado el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. El trámite se abrirá a petición de varias organizaciones e incluirá tanto el informe sexenal 2019-2024 elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, que concluye que el estado del lobo sigue siendo desfavorable en España, como el confeccionado por la Xunta de Galicia y apoyado por varias autonomías, entre ellas Castilla y León, que asegura lo contrario.