Exigen ceses y ayudas urgentes por el accidente de Cerredo
La oposición reclama indemnizaciones inmediatas para las familias de los cinco mineros fallecidos
La comisión parlamentaria de investigación del accidente minero de Cerredo acoge la comparecencia de la exconsejera Belarmina Díaz.
El accidente ocurrido en la mina asturiana de Cerredo, en el que fallecieron cinco trabajadores leoneses, mantiene abierto el enfrentamiento político en Asturias entre la oposición y el Gobierno autonómico, a raíz de las conclusiones preliminares de la comisión parlamentaria de investigación y de las distintas interpretaciones sobre las responsabilidades por el siniestro.
La diputada del Grupo Mixto y portavoz de Somos Asturies, Covadonga Tomé, ha exigido al presidente del Principado, Adrián Barbón, la asunción de «responsabilidades políticas inmediatas», incluyendo ceses en el Ejecutivo, así como la puesta en marcha de ayudas económicas urgentes para las familias de las víctimas. Tomé sostiene que no es aceptable condicionar estas responsabilidades al avance de la justicia ordinaria y considera que el Gobierno está retrasando decisiones que deberían adoptarse de forma inmediata.
La parlamentaria, que ha presidido la comisión de investigación y es responsable del borrador del dictamen, ha insistido en que la situación de las familias debe ser la prioridad absoluta y ha defendido la necesidad de minimizar los tiempos de espera para la percepción de indemnizaciones. En este sentido, ha planteado la puesta en marcha de anticipos económicos como medida urgente, recordando además otros casos de siniestros mineros en los que los procedimientos se prolongaron durante años sin resolución rápida para los afectados.
Tomé también ha criticado la postura del Ejecutivo autonómico, que vincula cualquier posible exigencia de responsabilidades políticas al resultado de la justicia ordinaria, y ha pedido al presidente Barbón que aclare el alcance de su compromiso de actuar «caiga quien caiga», cuestionando su aplicación real en este caso. Asimismo, ha subrayado que el dictamen de la comisión incluye recomendaciones orientadas a acelerar las indemnizaciones a las familias de los fallecidos y de otros accidentes laborales recientes en la misma explotación.
En paralelo, la exconsejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, ha rechazado que exista cualquier vínculo entre el accidente de la mina de Cerredo y la gestión política del departamento que dirigió hasta dos meses antes del siniestro. En declaraciones a los medios en Gijón, Roqueñí ha señalado que el informe elaborado por la Inspección General de Servicios del Principado, que analizó el funcionamiento del Servicio de Minas, no establece relación alguna entre el accidente y la gestión política de la consejería.
Según ha explicado, dicho informe se limita a señalar aspectos susceptibles de mejora en la organización y funcionamiento del servicio, pero no atribuye responsabilidad política en los hechos. Su posición coincide con la defendida por el PSOE en el Gobierno del Principado, que sostiene que aún no se han determinado responsabilidades políticas en relación con el accidente, mientras que su socio de coalición, Izquierda Unida, sí considera que existen.