Entidades leonesas acusan a la Junta de bloquear el acceso a informes que avalan caza y ganadería en zonas incendiadas
Exigen la publicación "inmediata e íntegra" de los informes y depurar responsabilidades en caso de ser inexistentes o insuficientes
Incendio deFasgar visto desde Tremor de Arriba, el pasado verano.
Varias entidades sociales y ambientales de la provincia de León han acusado a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de bloquear el acceso a los informes que avalan la legalidad de la caza y la ganadería en zonas incendiadas.
Las entidades que han denunciado estos hechos son la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cantábrica (PDCC), Ecologistas en Acción (EEA), Corredor Ecológico del Noroeste Ibérico (CENI) y Bierzo Aire Limpio (BAL).
Según han explicado, la Administración autonómica "incumple de forma reiterada" su obligación legal de facilitar el acceso a la información ambiental, un derecho reconocido tanto en la normativa estatal como en la europea, según han informado en un comunicado recogido por Europa Press.
Al mismo tiempo, han asegurado que han presentado diversas solicitudes formales (al amparo de la legislación de transparencia y del Convenio de Aarhus), pero la Junta "ha evitado sistemáticamente" entregar los supuestos informes técnicos en los que afirma haber basado una decisión "de extraordinaria gravedad": permitir la caza y el pastoreo en zonas afectadas por los incendios forestales del pasado verano en la provincia de León.
Por este motivo, han cuestionado abiertamente la propia existencia de dichos informes y han apuntado que, hasta la fecha, no se ha hecho público ningún documento que justifique técnica, científica o jurídicamente esta medida excepcional, pese a las reiteradas solicitudes formuladas por las entidades sociales y ambientales.
El núcleo del problema radica, según han señalado, en una "doble anomalía institucional": la Junta afirma disponer de informes que avalarían la adopción de medidas excepcionales, pero al mismo tiempo niega el acceso a esos mismos informes, lo que impide cualquier forma de escrutinio público, evaluación técnica independiente o debate democrático informado.
"Tras los incendios del pasado verano, la Junta ha adoptado una decisión que supone, en la práctica, dejar sin efecto una prohibición expresa contenida en la normativa forestal", han advertido.
Prohibición de cinco años en áreas quemadas
En este contexto, han puntualizado que la legislación vigente (en particular, la normativa de montes aplicable en Castilla y León) establece "con claridad" la prohibición de la caza y el pastoreo durante un periodo mínimo de cinco años en terrenos forestales incendiados, con el objetivo de garantizar los procesos de regeneración ecológica y evitar impactos adicionales sobre suelos y biodiversidad, así como sobre los servicios ecosistémicos que ofrecen.
Al respecto, las entidades leonesas han expuesto que la autorización de estas actividades en zonas quemadas, "sin motivación documentada conocida", contradice el principio de legalidad, además de introducir un precedente "extremadamente peligroso" desde el punto de vista ambiental y jurídico.
La regeneración podría verse "comprometida"
Así, han recordado que la regeneración post-incendio es un proceso complejo, condicionado por factores edáficos, climáticos y biológicos, que puede verse "gravemente comprometido" por la presión ganadera y cinegética prematura. "Esta opacidad resulta particularmente grave en materia ambiental, donde el acceso a la información no es una mera formalidad administrativa, sino un pilar esencial reconocido internacionalmente en instrumentos como el Convenio de Aarhus (1998) y desarrollado en España a través de la Ley 27/2006", han añadido.
Las organizaciones sociales y ambientales leonesas han insistido en que la negativa a facilitar esta información "no solo vulnera derechos fundamentales de participación, sino que erosiona los mecanismos de control sobre la actuación administrativa".
Finalmente, las entidades no han descartado que el hecho de permitir la caza y el pastoreo en zonas afectadas por los fuegos pueda responder a "una decisión arbitraria carente de respaldo técnico real", lo que podría implicar responsabilidades jurídicas adicionales. Así, han exigido la publicación "inmediata e íntegra" de todos los informes que supuestamente justifican las medidas autorizadas, así como la depuración de responsabilidades políticas y administrativas en caso de confirmarse la inexistencia o insuficiencia de dichos informes.