Catorce comunidades llevan al Gobierno a los tribunales por bloquear la gestión del lobo
Acusan al Miteco de omitir a Bruselas los datos sobre el estado de conservación de las poblaciones
Para el Miteco el estado de conservación de la especie sigue siendo desfavrable.
Castilla y León figura entre las 13 comunidades autónomas que han anunciado acciones judiciales contra el Gobierno para exigir el cumplimiento de la normativa nacional y europea sobre conservación del lobo ibérico y otras especies protegidas. El conflicto surge tras expirar el pasado 31 de julio el plazo que tenía el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) para remitir a la Comisión Europea los informes sexenales sobre el estado de conservación de distintas especies de interés comunitario.
Las comunidades denuncian que el Ministerio sigue sin enviar a Bruselas un informe obligatorio sobre especies como el lobo ibérico, incumplimiento que ya ha provocado la apertura de un procedimiento sancionador contra España. Los Estados miembros de la Unión Europea deben informar cada seis años sobre el estado de conservación de las especies protegidas.
El proceso para aprobar el informe comenzó el 16 de julio de 2025, cuando la Comisión Estatal de Patrimonio Natural y Biodiversidad elaboró una propuesta para elevarla a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. La reunión para abordar este asunto estaba prevista para el 22 de julio, pero el Ministerio la canceló un día antes sin ofrecer explicaciones.
Posteriormente, Castilla y León, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura, Baleares, Madrid, Ceuta y Melilla solicitaron formalmente la convocatoria extraordinaria de la Conferencia Sectorial. El Ministerio rechazó la petición, lo que llevó a algunas autonomías a iniciar procedimientos judiciales. Más tarde se sumó Canarias y todas las comunidades volvieron a reclamar el pasado 5 de mayo la convocatoria urgente de la reunión, amparándose en el reglamento interno que obliga a celebrarla cuando lo solicita al menos un tercio de sus miembros para tratar asuntos urgentes.
Ante la falta de respuesta, las autonomías anunciaron nuevas acciones judiciales para exigir el cumplimiento de las obligaciones legales de España en materia de biodiversidad y patrimonio natural.
Las comunidades consideran injustificados los argumentos utilizados por el Miteco para retrasar la aprobación del informe. Entre ellos, que los incendios de 2025 podrían afectar al documento, pese a que este analiza únicamente el periodo 2019-2024. También rechazaron que el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Defensor del Pueblo contra varios artículos de la Ley 1/2025 afecte al procedimiento de aprobación.
Asimismo, recuerdan que el Ministerio llegó a asegurar que Bruselas había concedido una prórroga para presentar el informe, aunque la Comisión Europea abrió un expediente sancionador precisamente por no haberlo recibido. Más recientemente, el Miteco abrió un trámite de información pública sobre el documento, algo que las comunidades consideran innecesario y no previsto en la normativa.
El último argumento del Ministerio, según denuncian las autonomías, es que la Unión Europea exigiría la existencia de 500 manadas de lobo en España para considerar favorable el estado de conservación de la especie, frente a las 333 actuales. Las comunidades rechazan esta interpretación y aseguran que Bruselas nunca fijó oficialmente ese criterio.
Además, critican que el Ministerio haya cuestionado públicamente el trabajo técnico de los profesionales autonómicos y del propio censo nacional del lobo, coordinado por los equipos técnicos del Miteco . También recuerdan que en el sexenio 2007-2012, con menos manadas y menor distribución territorial, el estado de conservación del lobo fue considerado favorable, mientras que ahora se evalúa como desfavorable tras una reinterpretación «subjetiva e ideológica» de los criterios.