El campo reclama con otra protesta que la Junta ayude como lo hace el Ministerio

Las organizaciones profesionales agrarias con representación en Castilla y León —Asaja, UPA, Coag y UCCL— se concentrarán el próximo 27 de agosto en la sede de la Presidencia de la Junta para reclamar al Gobierno autonómico la puesta en marcha de ayudas económicas similares a las del Ministerio pero que ven insuficientes.

«Los agricultores no podemos asumir en solitario pérdidas que comprometen la viabilidad de las explotaciones. Exigimos una respuesta acorde con el peso estratégico que el cereal tiene para la agricultura, la economía y el medio rural de la nuestra Comunidad Autónoma», han reclamado las organizaciones convocantes en unidad de acción.

La concentración del jueves 27 de agosto tendrá lugar tras la finalización de la cosecha de cereal de 2026, que ha sido un 40 por ciento inferior que la del año anterior y en un momento en el que las cotizaciones se encuentran en niveles mínimos, a lo que se suman a los «altos precios» de los denominados insumos, entre los que están los fertilizantes, carburantes, semillas o maquinaria.

«Estamos produciendo a pérdidas, con el agravante de que esta situación se repite desde hace varias campañas», han zanjado las organizaciones profesionales agrarias que han valorado las ayudas por hectárea del Gobierno central para compensar el «incremento desmesurado» de los costes de producción, si bien insisten en que no son suficiente para compensar las pérdidas que está soportando «el sector en la Comunidad Autónoma con mayor superficie cerealista del país».

Apoyo cerealista

Por este motivo, las opas reclaman apoyo económico a los cerealistas por parte de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, que gestiona Vox, desde el reconocimiento de que el consejero, Joaquín Antonio Pino, ha anunciado apoyo económico pero «sin concreción alguna» de las medidas.

La organización profesional agraria UCCL, recordó a través de una nota informativa difundida este martes, que las cotizaciones siguen en niveles mínimos frente a los «altos precios» de los fertilizantes, carburantes, semilla y maquinaria, «lo que hace que estemos produciendo a pérdidas con el agravante de que esta situación se repite desde hace varias campañas».

En la provincia de León, las previsiones del pasado mes de mayo en cuanto al cereal ya apuntaban a una caída de producción superior al 40% respecto a 2025. Según los datos manejados por la lonja entonces, se pasará de 431.777 toneladas a 254.731 toneladas. Esta fuerte reducción se debe a una disminución del 25% en la superficie sembrada y a un descenso de rendimientos del 30 % en secano y del 8 % en regadío.

El aumento de costes motivado por la guerra de Irán ha tenido un enorme impacto en el sector primario, además de la climatología, siempre de gran trascendencia para el campo.

En cuanto a los mercados internacionales, el impacto del calor en las cosechas ha rebajado las previsiones de oferta de cereales y ha incrementado los precios durante el pasado mes de julio.

La organización agraria UPA CyL ha solicitado una reunión a la Delegación del Gobierno para trasladarle que «actúe de inmediato» tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que establece que «las deficiencias administrativas en los depósitos de gasóleo no justifican en ningún caso denegar la devolución del Impuesto sobre Hidrocarburos» (IEH).

Según reflejan en un comunicado difundido por Ical, son miles los casos en los que a agricultores y ganaderos de Castilla y León se les está negando la devolución del IEH por parte de la Agencia Tributaria por supuestos errores en la autorización o en la capacidad de las instalaciones, motivos que, para UPA «no pueden en ningún caso ser argumento para que los agricultores y ganaderos pierdan el derecho a la devolución si se demuestra el uso agrario real del combustible». Por este motivo, UPA CyL reclama «que en base a la sentencia del TSJCYL conocida días atrás se abone de forma inmediata lo que corresponde a todos los profesionales agrarios de Castilla y León a los que se les ha denegado desde hace años la devolución de dicho impuesto».

Para ellos, la actuación de la Agencia Tributaria resulta «inapropiada», como «ahora ha quedado reflejado en la sentencia, porque en ningún caso puede negársele al peticionario una devolución por no haber acreditado suficientemente la disponibilidad de depósitos debidamente legalizados ante la Junta de Castilla y León, con capacidad adecuada y ubicados en los lugares reflejados en las notas de entrega del combustible».

UPA CyL reclamará al delegado del Gobierno que esta sentencia sienta jurisprudencia y se revierta el daño ocasionado, puesto que considera «injustificada» por parte de Hacienda la pérdida de ese derecho.