Un conflicto que puede extenderse a 200 profesionales de la autonomía

El conflicto entre la Junta y la Seguridad Social, que ya ha llegado a los tribunales y que afecta a 38 veterinarios leoneses, es sólo la punta del iceberg de una problemática que puede extenderse al resto de la comunidad, ya que los profesionales del ramo que trabajan para la Administración autonómica en condiciones similares son 200. El montante económico en juego podría alcanzar así los cuatro millones y medio de euros (800 millones de pesetas) por cuotas insatisfechas a la Seguridad Social en los últimos años y sanciones por contratación en precario. Los inspectores tomaron cartas en el asunto de las contrataciones fraudulentas leonesas hace más de un año, después de haber supervisado la situación de los veterinarios de Galicia y Asturias y comprobar que las relaciones con la Administración se asentaban en contratos precarios que encubren relaciones laborales. La Inspección se basa en la repetición de los contratos año a año para realizar un trabajo necesario, pero no por causas de emergencia. En ambas comunidades se desarrollaron procesos judiciales con resultados distintos. El Tribunal Superior de Justicia del Principado dio la razón a los veterinarios y el Gobierno asturiano optó, finalmente, por admitirles en nómina y zanjar la polémica judicial. La Xunta, al contrario, mantiene su decisión de despedir a los profesionales que realizaban las campañas, cerrar el diálogo y contratar el servicio a una empresa. Los veterinarios leoneses se han asociado y han mantenido contactos con la Administración para evitar soluciones traumáticas.