Cabrillanes pide calma tras conocerse que Somiedo impugnará el deslinde

El Ayuntamiento de Somiedo y el Gobierno del Principado de Asturias anunciaron, según informaciones publicadas por La Voz de Asturias, que el dictamen del instituto es «tendencioso» y que está plagado de «errores garrafales y de procedimiento» que invalidan por completo el proceso. El alcalde de Somiedo, Belarmino Fernández Fervienza, considera que la decisión de retrasar la frontera en dos kilómetros fundamenta en «valoraciones jurídicos» para la que no están capacitados en lugar de fundamentarla en criterios técnicos. El regidor asturiano hace referencia a la validez dada por el Instituto Geográfico a la Real Cédula Ejecutoria de 1785, presentada por Cabrillanes por la que se adscriben a este municipio 128 hectáreas antes asturianas, incluido la mitad del pueblo de Santa María del Puerto. Fernández Fervienza asegura que sólo conoce 7 de las 60 páginas del texto del siglo XVIII, por lo que se encuentra «en una situación de indefensión jurídica». Frente a este documento, las administraciones asturianas se ampara en un informe de la Universidad de Oviedo que resta veracidad a la célula y se la otorga a la división provincial de 1833. Llamamiento a la calma La publicación ayer en los medios de comunicación asturianos de la intención del municipio de Somiedo y del Gobierno del Principado de impugnar el informe del Instituto Geográfico Nacional no ha cogido por sorpresa al alcalde de Cabrillanes, Francisco José Fernández Fernández. «Es normal que defiendan sus intereses aunque también tienen que comprender que defendamos los nuestros», apuntó el regidor municipal que se siente «satisfecho» con el dictamen del Instituto Geográfico, del que quiso destacar «su independencia a la hora de estudiar el caso». Fernández Fernández declaró que prefiere no entrar a valorar las acusaciones de su homólogo de Somiedo contra el informe que les da la razón «para no crear más tensiones». El primer edil insistió en que es necesario que ambos municipios mantengan la calma. El alcalde aclaró además que el dictamen del Instituto Geográfico no sólo se sustenta en la cédula de 1785, sino en otros documentos como los que recogen las expropiaciones realizadas para la construcción en 1919 de la carretera entre Piedrafita de Babia y Somiedo «que se abonaron en su totalidad en la provincia de León hasta el kilómetro 59» uno de los puntos en litigio. Escaso interés de la Junta Otras delimitaciones realizadas, como la ejecutada por el ejército en 1948, «se realizaron sin el consentimiento de Cabrillanes ni con el debido rigor», apuntó también el alcalde. Fernández apuntó también que detrás de la oposición del ayuntamiento de Pola de Somiedo están algunos intereses privados en las tierras. «En Somiedo no hay montes comunales como en nuestro municipios y uno de los terrenos en litigio es la finca del Ordial, que es particular por lo que podría generar problemas». Francisco José Fernández también quiso resaltar ayer «el escaso interés mostrado por la Junta de Castilla y León en este asunto», al tratarse de un deslinde autonómico y no municipal.