El caciquismo de los munícipes

Corría el año de 1893 y desde La Provincia, órgano de los conservadores leoneses, se fustigaba con virulencia la actuación de sus oponentes políticos en el ejercicio municipal astorgano. La acusación más extendida se refería al caciquismo que supuestamente condicionaba su gestión, y ello en unas fechas en las que Fernando Merino, el máximo líder de los liberales, tuvo que hacer frente a las interesadas murmuraciones que aseguraban su total quiebra económica, bancarrota a la que habría arrastrado a buen número de ahorradores. Era mentira que Fernando Merino se hubiera arruinado y sus partidarios, naturalmente, pasaron al ataque en el asunto del supuesto caciquismo que afectaba a los munícipes astorganos. Según su versión, la ley se cumplía a rajatabla en la ciudad y los recursos materiales con que contaba la corporación se distribuían con largueza entre los jornaleros necesitados, al tiempo que se llevaban a cabo importantes mejoras urbanísticas en el casco urbano. Tal abundancia de fondos estaba motivada porque, en su opinión, los liberales astorganos de 1893 eran ajenos a la corrupción y el derroche que reinaba entre los conservadores. Y acusaban con nombres propios, afirmando que el diputado Luengo cobraba hasta entonces 2.000 pesetas de cada presupuesto, mientras que el alcalde Salvadores se gastaba más de 500 pesetas en cada viaje que emprendía a la capital para efectuar «negocios del caciquismo». Incluso en cierta ocasión, y acompañado por el síndico Díez López, el alcalde dilapidó 115 pesetas para ir a ver una importante corrida de toros que tuvo lugar en León. En fin, una madeja de agravios entre unos y otros que desembocaría, cuarenta años más tarde, en esa guerra civil que tuvo como mártir a nuestro protagonista, José Calvo Sotelo.