Los sindicatos quieren que Industria diga ya si hay que devolver las ayudas

Hasta el momento no se sabe si la investigación que ha abierto la Comisión Europea sobre las ayudas de la Junta a empresas mineras conlleva una devolución de las subvenciones o no, por lo que desde Comisiones Obreras se exige al Ejecutivo autonómico que tranquilice al sector cuanto antes y se recuerda que las funciones de vigilancia y control son competencias propias de la Comisión. Respecto a las explicaciones que hasta el momento han dado los miembros del Gobierno, Alberto González, responsable de este sindicato, explica que las ayudas se llevan aplicando de la misma forma desde el año 98 y, en principio, a conceptos que nada tienen que ver con el Plan del Carbón, por lo que no existiría la duplicidad de la que se está hablando. Entre estos conceptos figuran programas de seguridad una vez que se ha abandonado la actividad minera en una determinada zona o actuaciones de adecuación o recuperación del entorno al cierre de una empresa. Para Alberto González, quien recordó que ya existió una investigación similar a la actual en el año 99, lo que se está cuestionando ahora no es que exista una duplicación de las ayudas, -y por lo tanto éstas tengan que devolverse-, sino el hecho de que estas subvenciones se hayan comunicado «prontamente y al organismo indicado». En su opinión, la complejidad de la Administración europea podría haber dado lugar a un error de tramitación aunque, en cualquier caso, «el consejero debe admitir la equivocación cuanto antes y explicar que consecuencias va a tener para las empresas». Para la Unión General de Trabajadores, si las ayudas de la Junta se han aplicado de acuerdo a la ley, no puede haber ningún tipo de fraude. Escepticismo Es más, Manuel López, responsable de UGT, habla de «supuesta investigación», al entender que lo que realmente ha sucedido es que la Junta de Castilla y León no ha remitido la documentación sobre estas ayudas que la Comisión Europea le solicitó hace ya ocho meses, lo que automáticamente obliga a la UE a pensar que algo no se ha hecho correctamente. No obstante, Manuel López recordó que la Junta tiene mecanismos suficientes para fiscalizar la concesión de estas ayudas, por lo que, si no lo ha hecho, «también tiene una responsabilidad».