Las obras del CTR concluirán como pronto en verano, tras cinco años de conflictos aún sin cerrar

LEÓN. Ana Gaitero Redacción La basura de León es un problema en peregrinaje desde que el vertedero de Santovenia de la Valdoncina cerró para siempre en 1995. Rioseco de Tapia y Villamartín de Don Sancho ganaron la batalla contra la ubicación de un centro de tratamiento controlado en sus territorios. Contra todo pronóstico, entre la decena de ofertas que concurrieron a la convocatoria del consorcio provincial de residuos, Gersul, había una de la junta vecinal de Rioseco de Tapia. Tampoco había sonado el lugar del valle de la Zarza, ni la comunidad de propietario que ofreció los terrenos de San Román de la Vega por los que Gersul ha pagado casi 2,5 millones de euros. Estos episodios provinciales son agua pasada, pero las 195.366 toneladas de residuos sólidos urbanos que genera la provincia de León al año esperan aún un lugar donde ser tratadas y no embaladas, como hay que hacer ahora como remedio precario para vaciar cada día los contenedores de desechos que produce la población leonesa. El 11% son vidrio y se recicla en Burgos, y el 25% papel y cartón que compra una empresa de Orense. La unión de empresas Legio VII (Tecmed y Fomento de Construcciones y Contratas) inició las obras del centro de tratamiento de residuos en el valle de la Zarza de San Román de la Vega en octubre de 2001. Quince meses después, en diciembre de 2002, tenían que estar concluídas. Las lluvias son las únicas responsables del retraso en las obras -según indica el gerente de Gersul- «pues dificultaron los movimientos de tierra en los meses de otoño». La obra cuesta 39,6 millones de euros (6.596 millones de pesetas), dinero al que hay que añadir otros 8,4 millones de euros que se invierten en la construcción de las plantas de clasificación de León y Ponferrada y las estaciones de transferencia. En conjunto, una inversión equivalente a la carretera c-631 entre Toreno y Villablino, sin contar los costes de la reforma que requiere esta última obra. Las instalaciones forman, en conjunto, el dispositivo para reciclar o eliminar los residuos sólidos urbanos en la provincia de León de manera acorde con la conciencia del siglo XXI, aparentemente preocupada por un planeta tierra acosado por la contaminación y las agresiones ambientales. «Una planta de residuos no es un artefacto maloliente donde acaban las basuras. Es un sofisticado invento que permite que la tierra esté limpia, que recicle la materia, que la ciudad funcione», afirma la arquitecta Lourdes García Sogo, directora del proyecto de la planta de San Román de la Vega y de la de clasificación de Ponferrada. El 34%, al vertedero Gersul tiene previsto empezar a utilizar en verano el vertedero que, con sus 95.319 metros cuadrados, un volumen de 1.849.064 metros cúbicos y un kilómetro y medio de perímetro, absorberá el 34% de la basura rechazada por el sistema de reciclaje y compostaje durante los próximos 20 años. Dos décadas es el período de vida del complejo que se levanta en San Román de la Vega y otra más con las prórrogas que contempla el contrato de construcción y gestión firmado entre el consorcio y la empresa adjudicataria, Legio VII. El vertedero está hecho, pero no impermeabilizado, aspecto crucial para su uso al igual que su sistema de decantación de lixiviados y el tratamiento de estos residuos líquidos, resultado del aplastamiento de la basura, en una depuradora de aguas residuales. Riesgo de contaminación Si este sistema no funciona como es debido se corre el riesgo de contaminar el suelo y las aguas superficiales o subterráneas. El informe que en marzo de 2001 elaboró el área de Calidad de las Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero hacía hincapié precisamente en que «el proyecto básico no proporciona información detallada de las medidas de impermeabilización» y en la necesidad de un proyecto técnico de estación depuradora que especificase dimensiones de la planta, justificación de las soluciones adoptadas para el tratamiento de lixiviados, localización exacta del punto de vertido y valores de los caudales máximos de vertidos. En octubre de 2002 el comisario de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Margot Wallstrom, recordaba al gobierno español que «de no llevarse a cabo las medidas correctoras tanto en la construcción como en la explotación posterior de la planta de reciclaje y compostaje es posible la contaminación de las aguas subterráneas». La Consejería de Medio Ambiente asegura que ha contestado a las autoridades europeas «de manera exhaustiva, en tiempo y forma, y poniendo de manifiesto que el proyecto y la obra cumplen todos los requisitos legales y ambientales». Las obras se desarrollan sin los incidentes que se preveían cuando en octubre del 2001 el consorcio y la empresa firmaron el acta de replanteo escoltados por la Guardia Civil. «No somos terroristas, nuestra lucha está en los tribunales y en la Comisión Europea», asegura el presidente de la asociación Órbigo-Tuerto, Alfredo Alija. Hasta catorce pleitos se han entablado contra la instalación y las obras del CTR. Sólo dos están despejados por completo: los recursos interpuestos por empresas de la competencia contra la adjudicación del contrato. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tiene otra vez en sus manos el recurso contra la selección de terrenos, tras dictaminar el Juzgado de lo Contencioso de León que los denunciantes no estaban legitimados para tal reclamación.También quedó despejado el camino para ejecutar una de las obras públicas de envergadura que se realizan en la provincia, tanto por su coste, por sus características y por la función. Faltan los túneles Se han hecho la cimentación y los pilares de la nave, de 1.800 metros cuadrados, y falta instalar la cubierta metálica, que realiza un taller de Valencia de Don Juan. Los 14 túneles para fermentación y maduración del compost, que van dentro de la nave, están en la fase de inicio. En el exterior de la nave, están terminados los tanques de metaniazción y falta la instalación eléctrica y la central de producción. La metanización cuesta una sexta parte del presupuesto total de la obra, pero su coste de explotación es mínimo, frente a los túneles que exigen un mantenimiento más costoso. Se optó por un sistema mixto de valorización de los residuos (compost y energía eléctrica a partir de la metanización) que requiere de un esfuerzo en la recogida selectiva de la basura para su optimización. El consorcio tiene previsto utilizar el vertedero desde el verano, pero la oposición a esta instalación advierte de que «aún no tienen la autorización de vertido» ni para el enterramiento de las balas de basura desechada, ni para depuradora de aguas residuales. La solicitud de vertido sólo se para las aguas residuales de la depuradora, pero no para el depósito de sólidos. «El que dé la autorización será responsable», declara Alfredo Alija. LEÓN. Ana Gaitero Redacción La basura de León es un problema en peregrinaje desde que el vertedero de Santovenia de la Valdoncina cerró para siempre en 1995. Rioseco de Tapia y Villamartín de Don Sancho ganaron la batalla contra la ubicación de un centro de tratamiento controlado en sus territorios. Contra todo pronóstico, entre la decena de ofertas que concurrieron a la convocatoria del consorcio provincial de residuos, Gersul, había una de la junta vecinal de Rioseco de Tapia. Tampoco había sonado el lugar del valle de la Zarza, ni la comunidad de propietario que ofreció los terrenos de San Román de la Vega por los que Gersul ha pagado casi 2,5 millones de euros. Estos episodios provinciales son agua pasada, pero las 195.366 toneladas de residuos sólidos urbanos que genera la provincia de León al año esperan aún un lugar donde ser tratadas y no embaladas, como hay que hacer ahora como remedio precario para vaciar cada día los contenedores de desechos que produce la población leonesa. El 11% son vidrio y se recicla en Burgos, y el 25% papel y cartón que compra una empresa de Orense. La unión de empresas Legio VII (Tecmed y Fomento de Construcciones y Contratas) inició las obras del centro de tratamiento de residuos en el valle de la Zarza de San Román de la Vega en octubre de 2001. Quince meses después, en diciembre de 2002, tenían que estar concluídas. Las lluvias son las únicas responsables del retraso en las obras -según indica el gerente de Gersul- «pues dificultaron los movimientos de tierra en los meses de otoño». La obra cuesta 39,6 millones de euros (6.596 millones de pesetas), dinero al que hay que añadir otros 8,4 millones de euros que se invierten en la construcción de las plantas de clasificación de León y Ponferrada y las estaciones de transferencia. En conjunto, una inversión equivalente a la carretera c-631 entre Toreno y Villablino, sin contar los costes de la reforma que requiere esta última obra. Las instalaciones forman, en conjunto, el dispositivo para reciclar o eliminar los residuos sólidos urbanos en la provincia de León de manera acorde con la conciencia del siglo XXI, aparentemente preocupada por un planeta tierra acosado por la contaminación y las agresiones ambientales. «Una planta de residuos no es un artefacto maloliente donde acaban las basuras. Es un sofisticado invento que permite que la tierra esté limpia, que recicle la materia, que la ciudad funcione», afirma la arquitecta Lourdes García Sogo, directora del proyecto de la planta de San Román de la Vega y de la de clasificación de Ponferrada. El 34%, al vertedero Gersul tiene previsto empezar a utilizar en verano el vertedero que, con sus 95.319 metros cuadrados, un volumen de 1.849.064 metros cúbicos y un kilómetro y medio de perímetro, absorberá el 34% de la basura rechazada por el sistema de reciclaje y compostaje durante los próximos 20 años. Dos décadas es el período de vida del complejo que se levanta en San Román de la Vega y otra más con las prórrogas que contempla el contrato de construcción y gestión firmado entre el consorcio y la empresa adjudicataria, Legio VII. El vertedero está hecho, pero no impermeabilizado, aspecto crucial para su uso al igual que su sistema de decantación de lixiviados y el tratamiento de estos residuos líquidos, resultado del aplastamiento de la basura, en una depuradora de aguas residuales. Riesgo de contaminación Si este sistema no funciona como es debido se corre el riesgo de contaminar el suelo y las aguas superficiales o subterráneas. El informe que en marzo de 2001 elaboró el área de Calidad de las Aguas de la Confederación Hidrográfica del Duero hacía hincapié precisamente en que «el proyecto básico no proporciona información detallada de las medidas de impermeabilización» y en la necesidad de un proyecto técnico de estación depuradora que especificase dimensiones de la planta, justificación de las soluciones adoptadas para el tratamiento de lixiviados, localización exacta del punto de vertido y valores de los caudales máximos de vertidos. En octubre de 2002 el comisario de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Margot Wallstrom, recordaba al gobierno español que «de no llevarse a cabo las medidas correctoras tanto en la construcción como en la explotación posterior de la planta de reciclaje y compostaje es posible la contaminación de las aguas subterráneas». La Consejería de Medio Ambiente asegura que ha contestado a las autoridades europeas «de manera exhaustiva, en tiempo y forma, y poniendo de manifiesto que el proyecto y la obra cumplen todos los requisitos legales y ambientales». Las obras se desarrollan sin los incidentes que se preveían cuando en octubre del 2001 el consorcio y la empresa firmaron el acta de replanteo escoltados por la Guardia Civil. «No somos terroristas, nuestra lucha está en los tribunales y en la Comisión Europea», asegura el presidente de la asociación Órbigo-Tuerto, Alfredo Alija. Hasta catorce pleitos se han entablado contra la instalación y las obras del CTR. Sólo dos están despejados por completo: los recursos interpuestos por empresas de la competencia contra la adjudicación del contrato. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León tiene otra vez en sus manos el recurso contra la selección de terrenos, tras dictaminar el Juzgado de lo Contencioso de León que los denunciantes no estaban legitimados para tal reclamación.También quedó despejado el camino para ejecutar una de las obras públicas de envergadura que se realizan en la provincia, tanto por su coste, por sus características y por la función. Faltan los túneles Se han hecho la cimentación y los pilares de la nave, de 1.800 metros cuadrados, y falta instalar la cubierta metálica, que realiza un taller de Valencia de Don Juan. Los 14 túneles para fermentación y maduración del compost, que van dentro de la nave, están en la fase de inicio. En el exterior de la nave, están terminados los tanques de metaniazción y falta la instalación eléctrica y la central de producción. La metanización cuesta una sexta parte del presupuesto total de la obra, pero su coste de explotación es mínimo, frente a los túneles que exigen un mantenimiento más costoso. Se optó por un sistema mixto de valorización de los residuos (compost y energía eléctrica a partir de la metanización) que requiere de un esfuerzo en la recogida selectiva de la basura para su optimización. El consorcio tiene previsto utilizar el vertedero desde el verano, pero la oposición a esta instalación advierte de que «aún no tienen la autorización de vertido» ni para el enterramiento de las balas de basura desechada, ni para depuradora de aguas residuales. La solicitud de vertido sólo se para las aguas residuales de la depuradora, pero no para el depósito de sólidos. «El que dé la autorización será responsable», declara Alfredo Alija. JESÚS Vista de dos de los tanques de metanización del CTR de San Román de la Vega con algunos pilares de la futura nave de reciclaje y compost SOGO ARQUITECTos Tres imágenes virtuales de la cabina con la línea de papel, túneles de fermentación y maduración del compost y vista desde arriba de la nave donde se clasificará la basura para compost, metanización, reciclaje o rechazo (34% de los residuos) que se embalará para enterrar en el vertedero. El diseño es de arquitectos e ingenieros JESÚS El vertedero tiene que ser impermeabilizado