La comarca solicita a la Junta un museo de trashumancia en Prioro

Los miembros de la junta rectora del Parque Regional de Picos de Europa, funcionarios del parque y representantes de diferentes iniciativas privadas, tanto económicas como sociales, asistieron ayer a la reunión convocada por la Consejería de Medio Ambiente para participar en el proceso de elaboración del «Libro del Parque», documento incluido en el programa Parques Naturales y en el que se tendrán en cuenta las iniciativas e inquietudes de desarrollo expresadas por los participantes locales. Algunos de los participantes de la reunión manifestaron la escasez de tiempo disponible entre la convocatoria, realizada mediante carta que los interesados recibieron el pasado lunes y la reunión, careciendo de tiempo suficiente para elaborar las propuestas de desarrollo. El alcalde de Boca, Tomás de la Sierra, también se manifestó en el mismo sentido, afirmando que propondrá la realización de otra reunión que se convoque con tiempo suficiente. El sistema de votación de las propuestas se realizó en tiempo real, a través de mandos a distancia y una pantalla interactiva, sorprendiendo a más de un participante y acaparando gran parte de la atención en los primeros momentos. Algunas de las propuestas más votadas por los asistentes fueron la creación de un museo de la trashumancia en Prioro, creación de itinerarios guiados para la observación de fauna o la restauración y conservación de patrimonio para la posterior creación de rutas. Concepto de red El jefe de sección de Medio Natural, Ignacio Molina, señaló la importancia del concepto de red entre los espacios naturales de Castilla y León, de manera que se pueda realizar una oferta complementaria entre unos espacios y otros que resulte más atractiva, tanto para el posible visitante como a la hora de plantear la instalación de infraestructuras. Los responsables de medio ambiente también manifestaron su intención de que el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Regional de Picos esté aprobado antes de un año, tras haberse demorado hasta ahora su aprobación en más de siete años de lo estipulado por la normativa, que indica su puesta en vigor en el plazo de un año tras la declaración del espacio protegido.