Uno de los residentes del geriátrico clandestino procedía de Madrid

Los cuatro ancianos que se alojaban en el geriátrico ilegal que la Guardia Civil clausuró el pasado viernes en La Bañeza por orden judicial se encuentran en la actualidad ingresados en la clínica Santa María La Blanca de la capital provincial, si bien, en un primer momento, se les trasladó al Hospital de León. La dirección del centro no facilita datos sobre estos mayores ni su estado de salud, remitiendo a los periodistas a los familiares de los ingresados. A medio día de ayer, llegaban al centro médico, procedentes de Madrid, Vicente Mesonero y José Manuel Parrón, cuñado y primo, respectivamente, de Toribio Parrón Blázquez, de 62 años, único varón que residía en el geriátrico ilegal clausurado. Ambos explicaron que Toribio Parrón sufre una discapacidad, «tipo apoplejía» ,desde que nació y que, debido a esta dolencia, «ha ido perdiendo facultades con los años» y que su estado actual «es bueno. Le han puesto un suero, le hemos encontrado sentado en una silla y nos ha reconocido». Reconocieron, sin embargo, que «sí le hemos visto algo desmejorado, porque él nota el cambio de la residencia al hospital y de ahí a la clínica». Lo que choca del caso es que Toribio Parrón ni nació en La Bañeza ni residía en la ciudad. Ni siquiera algún familiar suyo es vecino del lugar. Su cuñado y su primo explicaron que «pudimos llevarle a La Bañeza porque no encontrábamos una plaza en Madrid o en sus inmediaciones si no era pagando los 1.200 euros o más que piden al mes en una privada y, encima, encontramos esta residencia gracias a un enchufe. Mucha gente de Madrid busca residencias fuera de la ciudad y de la provincia, porque los servicios sociales no ofrecen plazas y para acceder a centros privados hay largas listas de espera». El primo y el cuñado del afectado aseguraron ayer que la estancia en el geriátrico ilegal costaba unos 370 euros al mes, es decir, la pensión que Toribio Parrón percibe por orfandad.