El Tribunal Central Militar recibirá el testimonio de una veintena de personas durante la vista
El día 25 empieza el juicio contra dos militares por el incendio del Teleno
El fuego se produjo el 13 de septiembre de 1998 a consecuencia de unas maniobras

La zona del Teleno que sufrió el incendio en 1998 está siendo reforestada con pinos
El final del proceso judicial iniciado a consecuencia del incendio del campo de tiro del Teleno, en el que ardieron cerca de tres mil hectáreas de monte el 13 de septiembre de 1998, se acerca al haberse fijado el inicio de la vista oral para el próximo 25 de octubre, a las diez de la mañana, en la sede del Tribunal Militar Central, en Madrid. Pese a todo, el juicio se prevé largo, dada la cantidad de testimonios que se recogerán durante su desarrollo. Se estima que alrededor de veinte testigos y cuatro peritos podrían prestar declaración, a lo que hay que sumar que estos se alargarán por la presencia de tres acusaciones particulares, el fiscal, la defensa y un abogado del Estado, como responsable civil subsidiario de los daños. Además, se interrogará a los dos imputados y también el tribunal puede realizar las preguntas que estime oportunas a quien testifique. La acusación particular la ejercen por separado la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Luyego y Castro Villar, S.L. Los dos militares imputados en este caso, por ser responsables de las maniobras que se realizaban -los ejercicios provocaron el incendio-, se enfrentan a un presunto delito contra la eficacia en el servicio, tipificado en el Código Penal Militar, por el que la fiscalía solicita seis meses de prisión, al igual que las tres acusaciones particulares personadas en la causa. En cuanto a las compensaciones por los daños que produjo el fuego, el fiscal estima que ya se han satisfecho en el expediente administrativo que se abrió tras la catástrofe, mientras que las acusaciones particulares difieren en cuanto a las cantidades que se deben pagar en concepto de indemnización, ya que la Junta estima que se debe afrontar el coste de extinción del incendio y Castro Villar estima que sufrió pérdidas por 3,72 millones de euros, que debe pagar el Estado. La defensa de los militares pide la libre absolución de sus representados.