La Junta no contesta a la resolución que insta a salvar el castillo de Alba
La Junta no ha contestado aún al Procurador del Común sobre las medidas que va a adoptar para compatibilizar la protección y conservación del castillo de Alba, evitando su destrucción final, con la cantera de caliza que la empresa cementera Tudela Veguín tiene en proceso de ampliación. Por este motivo, Manuel García Álvarez, que inició una actuación de oficio en agosto, ha realizado un recordatorio a la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, según confirmó ayer la oficina del defensor del pueblo en Castilla y León. «En respeto a la máxima protección de la que goza el castillo de Alba y en cumplimiento de la obligación de conservación de dicho monumento declarado Bien de Interés Cultural», el Procurador insta a Patrimonio a que «estudie la posibilidad de evitar que la ampliación de la cantera El Calero provoque la destrucción de los restos de este castillo, tan importantes para conocer los orígenes del reino de León». El recordatorio del Procurador del Común fue remitido a la Junta a finales de octubre ante la falta de respuesta de la Dirección General de Patrimonio. Actualmente, los restos excavados del castillo de Alba han sacado a la luz los 200 metros de muralla de la fortaleza del siglo IX, dos cubos y la puerta de representación, parte de un doble amurallamiento, estancias de la guarnición y el baluarte. El Procurador del Común reitera su preocupación por la probable destrucción de este legado cuando concluya la excavación arqueológica. La fortaleza de Alba fue construido a mediados del siglo IX por Alfonso III junto con las de Gordón y Luna. Ninguna de ellas había sido excavada hasta ahora mientras que en el caso de Alba la investigación arqueológica se planteó cuando Patrimonio conoció la declaración de impacto ambiental de la ampliación de la cantera. García Álvarez recalca la «necesidad de evitar un acto de destrucción» de los BIC tal y como recoge la legislación de protección de los castillos españoles (decreto de 1949).