El PP denunciará ante el secretario el «espíritu inquisidor» del alcalde

Los concejales del PP Julián García y Ángel Iglesias denunciaron ayer lo que consideraron «trato vejatorio» hacia su grupo y «abuso de poder» por parte del alcalde, Juan José Alonso Perandones, respecto a la forma en la que los primeros tuvieron que examinar determinada documentación municipal. Los ediles acusaron al regidor de «sacar a relucir ese espíritu inquisidor que lleva dentro» en varias ocasiones durante esta legislatura «haciendo gala de actitudes propias de repúblicas tiránicas y bananeras». García e Iglesias indicaron que habían solicitado hace unos días poder analizar un documento que recoge a todas aquellas personas que recibieron dinero del Ayuntamiento en el 2004 -sean trabajadores, concejales o profesionales que han prestado un servicio-, así como el expediente alusivo al procedimiento judicial en torno a la titularidad de la plaza de San Roque y el proyecto para instalar en ella un aparcamiento subterráneo. Los ediles aseguraron en rueda de prensa que el alcalde les impuso estudiar dicha documentación en unas dependencias de la oficina técnica, «no en nuestro despacho municipal» y «ante un policía local como vigilante». Los populares consideraron que se había puesto en marcha «la maquinaria de represalia para impedir que un grupo de la oposición ejerza sus derechos», y que esta actitud supone «sectarismo por parte del alcalde», que «permite que otros que no son funcionarios ni del equipo de gobierno usen los despachos, asistan a comisiones informativas o dispongan de expedientes del Ayuntamiento». Acciones judiciales Los ediles anunciaron su intención de poner esta situación en conocimiento del secretario municipal «como persona que debe velar por el cumplimiento de las garantías legales» y no descartaron emprender acciones judiciales «para restaurar la normalidad democrática» de mantenerse las citadas circunstancias. Los concejales aseguraron no haber hecho un mal uso de la información hasta la fecha. Por su parte, Perandones indicó que «el lenguaje empleado por estos ediles define muy bien lo que ellos son y la preparación política que tienen», y señaló que «la discusión viene de la obligación del alcalde de garantizar la documentación municipal y el derecho a la información que tienen los ediles». El regidor dijo que quien los acompañó en la oficina técnica «es un funcionario, no ejerce de policía. Nadie puede impedir que un funcionario esté mientras se consulta la documentación y eso no dificulta que ellos la vean». «El caso es que aunque se les dé la información cada poco tiempo necesitan hacer la representación virulenta. No me parece la mejor forma de obtener credibilidad, desde luego», dijo.