Aclaraciones para la opinión pública

MINERO SIDERÚRGICA de Ponferrada, S.A., quiere salir al paso de las interpretaciones interesadas y erróneas que se están realizando sobre el convenio de contraprestaciones que firmó con el Ayuntamiento de Villablino el pasado día 10 de junio. En primer lugar, MSP es titular de varias concesiones mineras en el valle de Laciana, entre las que se incluyen las cinco cortas afectadas por el acuerdo (ampliación Feixolín, Rodeviejas, Felisa, Chabiadas y Buxonte), cruciales para el futuro de la compañía en el nuevo marco de la reserva estratégica de carbón nacional que están negociando el Ministerio de Industria, los sindicatos y las empresas mineras. Por tanto, es deber inexcusable de MSP acometer de manera racional estas explotaciones como única garantía de mantener su actual nivel de actividad hasta el año 2012. En segundo lugar, el Ayuntamiento de Villablino sólo tiene la potestad de otorgar la licencia de actividad a estas cortas solicitadas, siempre y cuando se cumplan dos requisitos insalvables y que están contemplados en el punto segundo del acuerdo: el primero, y fundamental, es la resolución de la Junta de Castilla y León autorizando la explotación, previa declaración positiva del estudio de impacto ambiental; y el segundo requisito es el acuerdo con las juntas vecinales por los conceptos de daños y perjuicios y de canon anual durante un quinquenio por ocupación de los terrenos afectados. Por tanto, el Ayuntamiento, una vez que tiene todo el grueso del expediente aprobado por otras instancias y salvados los escollos medioambientales (competencia de la Junta de Castilla y León), sólo puede limitarse a la concesión de la licencia de actividad, último trámite de carácter ordinario donde no cabe arrogarse competencias o argumentos que ya han sido discutidos en las instancias legalmente establecidas. En tercer lugar, a la vista de estas dos consideraciones que trascienden del ámbito competencial municipal, el convenio firmado por la alcaldesa de Villablino es el mejor marco de futuro posible y ventajoso para Laciana por las contraprestaciones o contrapartidas económicas, materiales y laborales que asume MSP. Como dijo la alcaldesa en la firma del convenio, «este acuerdo se enmarca dentro del concepto de desarrollo sostenible, donde en Laciana la única actividad que mueve la economía del valle es la minería y no podemos actuar a espaldas de ella o contra ella como se ha venido haciendo». Por último, recordar que en los puntos décimo y undécimo del convenio se trata de manera directa e incisiva los aspectos medioambientales que más preocupan a los lacianiegos. En el punto décimo se precisa que «MSP se compromete a compatibilizar el desarrollo de las explotaciones con la condición medioambiental de la comarca de Laciana; en particular, a cumplir las condiciones derivadas de su inclusión en la Red de Espacios Naturales Sierra de los Ancares y Alto Sil, en la Red Natura 2000 que la reconoce como Zona de Especial Protección de Aves y Lugar de Interés Comunitario e incluida en el ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Oso Pardo». Por cierto, cuestiones todas ellas que ya se tienen en cuenta en el riguroso y preceptivo estudio de impacto ambiental. En el punto undécimo es donde se establece la labor de vigilancia de cara al buen fin del convenio y dice: «El Ayuntamiento y MSP constituirán una comisión de seguimiento de este convenio que, además de efectuar su propia función, coordine las actuaciones medioambientales dirigidas a la restauración de antiguas explotaciones mineras y a la mejora de las restauraciones que se efectúen en las explotaciones a cielo abierto previstas en este convenio». Por tanto, sólo podemos entender la negativa a un convenio, que aborda con rigurosidad y absoluta legalidad la compatibilidad necesaria de la minería con el medio ambiente, en el marco de un rechazo irracional e irresponsable que sólo persigue alguna ventaja personal o política con el cierre de MSP a través de impedirle la explotación que por derecho tiene de sus concesiones mineras.