El PP exige una notación preventiva sobre el edificio de Los Gallegos
El grupo de concejales del PP de Cistierna, a través de su portavoz, Pedro Alvarado, exigirá al Ayuntamiento de Cistierna que se haga una notación preventiva en el registro de la propiedad donde conste el expediente abierto al edificio conocido como Los Gallegos donde se recoja la sanción impuesta a esta construcción por el Ayuntamiento de Cistierna y que asciende a 30.000 euros. La intención de esta propuesta es que los compradores de estas viviendas conozcan la situación del expediente en el que se encuentra inmerso el edificio, a fin de que en un futuro no se vea implicado en un proceso del que nunca han tenido parte. A este respecto, recordó que existen dos sentencias del Tribunal Supremo, que ya fueron comentadas en varias comisiones de Obras, donde se deja de manifiesto que en el caso de que la empresa no cumpla con los contenidos del expediente sancionador, éste recaería sobre los futuros compradores. «Con esta notación preventiva los compradores serían informados de la situación en la que se encuentra el edificio y de la sanción y obligaciones que existen a la hora de restablecer la legalidad tanto por parte de la empresa como de los futuros propietarios», según Alvarado. Para el PP es prioritario que la gente conozca la situación existente a fin de que en un futuro nadie se pueda llevar sorpresas ni acuse al Ayuntamiento de no haber sido informado. «Por ello exigimos que el Ayuntamiento de Cistierna y el alcalde lleven a cabo cuanto antes esta notación preventiva en el registro de la propiedad» puntualizó el portavoz del PP. Sobre esta edificación de 23 viviendas, situada en las calles batalla de Lepanto, Juan Ferreras y avenida Constitución, pesa un expediente de paralización cautelar del bajo cubierta desde hace varios meses y, además, el Ayuntamiento ha presentado hace unas semanas un expediente sancionador con una multa de 30.000 euros y la exigencia a la empresa de que se restablezca la legalidad urbanística adecuando el bajo cubierta a las condiciones de la licencia otorgada. La empresa constructora Contrator Ibérica ha presentado alegaciones al expediente señalando que las normas urbanísticas de aplicación a este caso sufren de una indefinición de parámetros que origina aplicaciones dudosas en cuanto a su contenido y sujetas a diferentes interpretaciones, además recuerda que la elevación realizada en la esquina de la avenida Constitución se hizo para enrasar el edificio en construcción con el existente en esta avenida a fin de evitar un feismo urbanístico, «circunstancia ésta que era conocida y con buen criterio consentida por los responsables municipales».