Cistierna | La primera multa impuesta por el Ayuntamiento era de 30.000 euros y ahora se queda en seis mil
Sen reduce la sanción al constructor de Los Gallegos en 24.000 euros
Edificio conocido como Los Gallegos está expedientado por irregularidades en la construcción
El alcalde de Cistierna, Nicanor Sen, ha firmado un nuevo decreto referente a las irregularidades urbanísticas del edificio conocido como de Los Gallegos en el que hace una rebaja a la sanción económica de 24.000 euros. La primera resolución determinaba una multa de 30.000 euros por una sanción grave, mientras que ahora se considera una sanción leve dejando la cuantía en 6.010,14 euros. En el nuevo decreto se informa de que se estima parte del recurso de la empresa Contrator Ibérica, quien reconoce la infracción urbanística y quien se ha visto beneficiada económicamente con un aumento del aprovechamiento en la construcción, según el Ayuntamiento. Además, se requiere a la empresa para que presente el proyecto de legalización justificando la compatibilidad con el planeamiento urbanístico del exceso edificado sobre lo proyectado y autorizado en licencia. Tanto el PP como la UPL han lamentado que la rebaja tan significativa se filtre antes a los medios de comunicación que a los grupos políticos en una comisión informativa. El portavoz de la UPL, Luis Mariano Santos, dice que «uno no sabe si el informe técnico del arquitecto contratado por el Ayuntamiento que recogía las irregularidades corresponde a la realidad o el del servicio jurídico dejaría mucho que desear. Algo sobre lo que el PSOE sigue sin aclarar». Denuncia también que la forma de actuar del alcalde no es nada transparente «como viene siendo habitual». «El alcalde se olvida que hay muchas personas afectadas que desean una solución cuanto antes a este conflicto», remarca. El portavoz del PP, Javier Valladares, espera que el alcalde explique por qué vendió eufórico una sanción ejemplar de 30.000 euros y la reposición de la legalidad urbanística con dos informes técnicos y ahora se descuelga con una sanción de 6.000 euros tras un informe jurídico. «Lo que debería haber hecho el alcalde es conjugar los intereses de todas las partes implicadas e intentar llegar a un acuerdo o a una solución lo menos perjudicial para todos. Pero ha preferido seguir con su política de poca discreción. Habrá que recordarle que con esta nueva sanción no significa que haya solucionado el problema», según Valladares.