La Junta apunta que Grajal es el encargado de velar por su patrimonio

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Fernández, aseguró ayer que la ley «afirma que la primera obligación de mantener el patrimonio es del propietario», en relación a la polémica surgida en Grajal de Campos con las Carmelitas Descalzas, que se llevaron en su traslado a Toledo tres tallas del convento que habitaban en León. Fernández declaró que le «constan los esfuerzos del Obispado», a través del derecho canónigo, para que las hermanas devuelvan las tallas a la orden franciscana de Grajal, que asegura ser la propietaria de las imágenes que estaban en la iglesia de La Antigua. Aún así, el delegado de la Junta apuntó que, en este caso concreto, existían dudas sobre si la actuación de los perjudicados debería de ser civil o penal. A su vez, inisistió en que las Carmelitas Descalzas, que a pesar de los intentos y las manifestaciones del pueblo de Grajal se niegan a devolver las tallas y a entablar diálogo sobre su posible vuelta al pueblo, debería «entrar en razón y regresar las tallas a Grajal de Campos, por mucha devoción que le tengan a las imágenes que se llevaron».