Un informe toxicológico indicará qué medidas sanitarias se aplicarán a los vecinos de Nistal
La Junta de Castilla y León ha encargado un informe toxicológico a un equipo «externo a la administración autonómica», posiblemente de alguna de las universidades de la comunidad, que señalará «el protocolo de actuación sanitaria que se aplicará a la población afectada», informó el delegado territorial de la Junta, Eduardo Fernández. Fernández señaló que se ha solicitado «un estudio exhaustivo», por lo que sus resultados tardarán días en conocerse. Una vez elaborado, «se transmitirá a los equipos médicos de la zona, de manera que si hay que realizar pruebas diagnósticas se hará». La medida pretende, «tranquilizar a la población y despejar cualquier duda» sobre la salud de los vecinos. Hasta que llegue el estudio, «el Sacyl atenderá a cualquier persona que lo solicite. Entendemos que la gente esté alarmada». Por otra parte, la Junta quiere «soluciones seguras y duraderas. Tenemos sospecha de que un nuevo pozo presentará antes o después estos problemas, porque los picos de arsénico se dan, seguramente, por la carestía de agua», por lo que se buscará «una captación cerca de la superficie o un empalme con otra traída. La Consejería de Medio Ambiente está por colaborar en la financiación de esta traída segura», dijo Fernández. El delegado apoyó la solicitud de los vecinos de que el agua con la que se les abastece se vierta en el depósito de la red general, una vez limpio éste, siempre que los técnicos consideren adecuada esta medida, que los vecinos solicitaron en su reunión del domingo. Travieso, desautorizado Eduardo Fernández desautorizó unas declaraciones que el jefe del Servicio Terrotorial de Sanidad, Santiago Travieso, realizó ayer a propósito del problema. El responsable del área citada en la delegación territorial señaló que «nadie ha hablado de la eliminación del arsénico mediante el uso de sulfato de aluminio, por un sistema de ósmosis o por un filtrado especial», que deberían realizar «la empresa que da el servicio o, en su caso, el Ayuntamiento o la junta vecinal». Travieso señaló que el servicio que dirige «ha cumplido con el control al que nos obliga la legislación». Fernández indicó que tratar de eliminar el elemento del agua es una medida «que no iban a aceptar los vecinos y que, en cualquier caso, no les tranquilizaría».