Los encierros del 2006 le costarán al Ayuntamiento 13.500 euros de multa

La Junta de Castilla y León ha sancionado con una multa por valor de 13.500 euros al Ayuntamiento de Sahagún como responsable de la organización de los encierros taurinos de las fiestas de San Juan en el año 2006, que de acuerdo a los criterios establecidos por la Administración, se desarrollaron infringiendo la normativa de seguridad vigente. La Junta establecía en la normativa recién aprobada por aquel entonces la exigencia de instalar dobles talanqueras en zonas concretas del recorrido vallado de los encierros de novillos que se desarrollan tradicionalmente en las localidades de la comunidad autónoma. La regulación se establecía con carácter especialmente inflexible en las localidades de más de 1.000 habitantes, así como las medidas de emergencia en el plano sanitario para cubrir posibles accidentes, del estilo de ambulancias y demás dotaciones. Los hechos datan del 9 de junio del 2006. El anterior alcalde, José Manuel Lora, apeló a «la tradición de siglos» que acompaña a los encierros sahaguninos para no seguir la orden de la Junta de Castilla y León de suspenderlos, por no disponer de la doble talanquera reglamentaria en algunas de las zonas del recorrido. Lora consideró más conveniente hacer frente a la sanción económica que enfrentarse a las consecuencias de una suspensión y permitió la celebración de los actos durante los tres días, no sin mediar la polémica: «El PP intenta atacar al alcalde y no se da cuenta de que a quien perjudican es al pueblo». También criticó Lora por aquel entonces la actuación de la Guardia Civil, al entender que se había extralimitado en sus funciones al denunciar el caso ante la Junta, si bien fuentes del Instituto Armado consultadas entonces por este periódico esgrimieron la responsabilidad a que había de hacer frente la Benemérita en el marco de sus nuevas competencias en este apartado para cumplir con la legalidad vigente. Entrevista con Fernández El delegado de la Junta en León, Eduardo Fernández, se entrevistó con el ex alcalde pocos días después de lo ocurrido, para transmitirle su voluntad de hacer cumplir la ley «por encima de cuestiones políticas. Esto no es una guerra de colores, sino la constatación de que la Administración tiene que hacer cumplir la normativa vigente», en una reunión calificada de cordial y amable por las dos partes, al término de la cual, Fernández ya advirtió la inminencia de una sanción económica irremisible. Este fin de semana se ha conocido que la Junta ha decretado finalmente tres sanciones de 3.000, 4.500 y 6.000 euros respectivamente, como consecuencia de lo ocurrido por aquel entonces.