El Procurador del Común aprecia errores graves en la concentración

El Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo, ha instado a la Junta de Castilla y León para que se revisen las irregularidades existentes en el procedimiento de concentración parcelaria de la zona de Boca de Huérgano y que se adopten las medidas necesarias para que se subsanen. Además ha requerido que se resuelva lo antes posible los recursos de alzada presentados por propietarios de los terrenos contra el acuerdo de concentración parcelaria de 2006. Amoedo señala que la solicitud de la concentración fue realizada por 303 de los 700 propietarios sin que se concretara el porcentaje de la superficie total a ellos perteneciente y «adjudicándose a las peticiones los informes del alcalde de Boca de Huérgano relativos a la veracidad de los datos consignados». Se constituyeron juntas de trabajo con representantes de los pueblos para elaborar la concentración, según la Consejería de Agricultura pero no existen actas de la intervención de estas juntas. Es más, el estudio previo que tenían que elaborar es anterior a la constitución de las juntas de trabajo. La concentración estaba destinada a reestructurar la propiedad rústica, por lo que la Junta de Castilla y León entiende que no se han incluido fincas urbanas. Sin embargo se constata la inclusión de una serie de áreas clasificadas por las normas subsidiarias como urbanizables, unas normas aprobadas con anterioridad a la concentración. Además el Tribunal Superior recuerda que la inclusión de fincas urbanas es motivo suficiente para impugnar el acuerdo de la concentración parcelaria. Un total de 71 propietarios han presentados reclamaciones hace más de un años sin recibir aún contestación. «Que se adopten las medidas oportunas para la eliminación de la irregularidades» JAVIER AMOEDO Procurador del Común