Crean una plataforma de afectados por el caso de las matrículas de FP

la bañeza

Más de treinta afectados por la presunta estafa de las matrículas han dado el paso para la constitución de una plataforma con una representación legal en común. De éstos ya se han personado en la causa, abierta a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de León una docena, según informó ayer su abogada, María José Rigueiro. Alrededor de veinte perjudicados más entregaron ayer a la letrada el poder notarial para que la letrada les represente en la causa.

Estaba previsto que los afectados se reunieran para tratar de su situación a las diez de la mañana. Sin embargo, fue a las cuatro de la tarde cuando más alumnos del centro privado de FP Tierras de La Bañeza se congregaron en la plaza de Francisco Quevedo, para escuchar las explicaciones de la abogada.

Rigueiro aseguró ayer que el Juzgado de Primera Instancia número 1 de La Bañeza ha admitido a trámite la querella por presunta estafa de la Fiscalía. En ésta se solicitaba la suspensión cautelar de las actividades del centro a partir del 1 de julio, si bien permitía continuar hasta septiembre para no perjudicar al alumnado con matrícula en vigor y solicitaba la imposición de una fianza para los querellados. El instructor no estimó la solicitud del ministerio público.

La instrucción del caso acordó recibir la declaración de los tres responsables del centro, fijada en principio «para el día 5, aunque no llegó a producirse; por lo que esperamos que sea ya en breve», señaló la abogada.

La inspección

«En el procedimiento se advierten irregularidades desde el año 2006», manifestó María José Rigueiro, que señaló que en el expediente se contemplan los informes de la inspección educativa.

Rigueiro dejó claro, a preguntas de este periódico, su intención de formar una plataforma de afectados y entiende de existe responsabilidad civil subsidiaria por parte de la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. «La función inspectora no ha funcionado, porque no se trata de dos o tres casos, sino que éstos se repiten desde que este centro dispone de autorización para impartir los ciclos formativos a distancia y ya este curso se les ha ido de las manos», declaró Rigueiro. La letrada añadió que el centro se aprovechó de la dispersión de los alumnos por distintas provincias: «Es más difícil llegar a una situación así en enseñanza presencial, donde el boca a boca funciona con más facilidad».

Con respecto a la posibilidad de solicitar del juez medidas cautelares, la abogada señaló su voluntad de hacerlo, aunque aún no ha concretado cuáles serán los puntos concretos de su solicitud.

La convocatoria para esta semana de los exámenes para los alumnos de enseñanza a distancia de los ciclos formativos de Cuidados Auxiliares de Enfermería y de Auxiliar de Farmacia motivó que se eligiera la jornada de ayer para crear la plataforma de afectados por este caso.